Servicios públicos de calidad y de amplio
alcance son clave tanto para el crecimiento
económico sostenible como para el progreso
socioeconómico de las poblaciones.
Anabella Abadi M.

Los servicios públicos en Venezuela han presentado grandes deficiencias, en las dos últimas décadas -tiempo de gestión de esta “robolución bonita”- la población ha visto convertirse en rutinario los cortes eléctricos, el racionamiento de agua potable (con o sin sequía), al igual que la deficiencia en los servicios de telefonía o internet. Escasez en el suministro de medicinas en los centros de salud, el sub-sistema de educación cada día peor, por la falta de recursos y el significativo ausentismo en todos los niveles de dicho subsistema.

Hasta el momento el régimen ha tratado de mantener a Caracas fuera de los racionamientos. Externamente de la capital venezolana un porcentaje significativo de la población no tiene electricidad, agua e internet al mismo tiempo. Según estimaciones de CEDICE, durante el primer trimestre del año 2018 se registraron 2.300 apagones en todo el país, 320 sólo en la primera quincena de marzo.

Desde el año 2010 este régimen socialista viene realizando un importante racionamiento del servicio eléctrico a pesar de las promesas del fallecido mandatario de mejorar los servicios con inversiones en la infraestructura para la distribución y generación de energía. Si hubo tal inversión, nadie sabe en cuál bolsillo(s) o cuenta(s) bancaria(s) en el exterior de algún(os) alto(s) funcionario(s) quedó ese dinero.

En particular, los servicios públicos como agua, luz y seguridad son fundamentales para garantizar el desarrollo humano, así como la manufactura y distribución segura de bienes y la oferta continua de servicios comerciales.

 

Es por esto que en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) (resolución 41/128, 04/12/1986) se proclamó que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable” y que los Estados “garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos” (artículos 1 y 8). Esa igualdad de oportunidades no existe en Venezuela, por cuanto el que no tenga el renombrado “carnet de la patria” no tiene derecho a las poquísimas dádivas gubernamentales.

 

Entre los recursos básicos asociados al desarrollo sostenible, figuran entre otros los siguientes: vivienda, alimentación, vestido y calzado, agua, electricidad gas, empleo, educación, prevención, curación, recuperación rehabilitación de la salud, transporte, áreas verdes, etc. Leyes que protejan los derechos especialmente de los niños y adolescentes. Todos los recursos mencionados anteriormente en esta Venezuela Socialista, son evaluados menos como pésimos  en el orden de satisfacer las expectativas mínimas de calidad de vida de la población.

 

De manera más particular, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (resolución 64/292, 28/07/2010). La calidad del agua potable en Venezuela y sobre todo en Valencia, es pésima. ¡NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO!

 

¿Cuál es la situación actual de los servicios públicos en Venezuela? Según datos del “Global Competitiveness Index” 2017-2018 del Foro Económico Mundial, Venezuela tiene la décima peor infraestructura eléctrica,  Sólo en el primer trimestre de 2018, el Comitè de Afectados por los Apagones   –una asociación civil que monitorea las fallas del sector en los 24 estados del país– registró 3.550 interrupciones del servicio eléctrico entre el 1 de enero y el 20 de marzo, cerca de 44 fallas por día. En 2017, las fallas totalizaron 18.221: casi 50 por día.

 

Por su parte, el Foro Económico Mundial reconoce que Venezuela tiene el sistema policial menos confiable  del mundo. Más aún, según el 2018 “Global Law and Order Repor”t de Gallup,  apenas 17% de los residentes de Venezuela se sienten seguros caminando en las calles de noche y sólo 24% confían en la policía.

 

Además, tal y como reportó PRODAVINCI en su especial “Vivir Sin agua”, al menos 9,78 millones de personas (cerca de 30% de la población) vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017, siendo las parroquias pobres las más afectadas.

 

No sorprende pues que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que en el primer trimestre 2018  aumentó el número de protestas por servicios básicos, ubicándose como la principal causa de protestas. En apenas 13 semanas (90 días) se reportaron 748 protestas (más de 8 por día) por fallas en los servicios públicos: 325 protestas por fallas eléctricas (25 por semana), 223 por fallas en el suministro de gas doméstico (17 por semana) y 200 por fallas en el suministro de agua potable (15 por semana).

 

Según cifras del mismo OVC, en abril se mantuvo la tendencia: de 927 protestas registradas, 338 fueron por fallas en los servicios públicos (11 por día): 130 por fallas en el suministro de agua potable, 117 por fallas eléctricas y 90 por fallas en el suministro de gas doméstico. A finales de abril las protestas le tocaron la puerta directamente al régimen, cuando vecinos de la parroquia Altagracia del municipio Libertador de Caracas protestaron a las afueras del Palacio de Miraflores por fallas en el suministro de agua.

 

¿Qué impacto ha tenido el colapso de los servicios públicos en Venezuela? Según la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de COINDUSTRIA  (II Trimestre 2017, últimos datos disponibles), uno de cada cuatro industriales considera que los cortes eléctricos son uno de los principales factores que restringen la producción nacional, teniendo un mayor impacto en las empresas más pequeñas.

 

A nivel social, entre los factores considerados para medir el Ìndice de Pobreza por Necesidades Bàsicas Insatisfechas (NBI) incluye  la carencia de servicios básicos y la define como “hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de eliminación de excreta”. Si a esto agregamos fallas de otros servicios, la precariedad aumenta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017,   un tercio de los encuestados son pobres según NBI, siendo la mala calidad de los servicios de agua y luz el factor de mayor impacto.

 

Resolver las fallas de los servicios públicos requiere de recursos humanos, de capital y –sobre todo– de tiempo y voluntad política. Las limitaciones fiscales a las que se enfrenta este régimen limitan la cantidad de recursos que se pueden invertir en infraestructura. Más aún, los sueldos bajos y la inflación han hecho de los expertos un recurso cada vez menos accesible. Es por esto que, por ejemplo, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, 18.000 profesionales y técnicos renunciaron   a la Corporación Eléctrica Nacional. Se estima que se necesitan de 5 a 6 años y una inversión mayor a 300 millones de dólares para recuperar la red eléctrica del país.

Actualmente, el régimen enfrenta serios problemas de gobernabilidad que en el corto plazo intentan resolver con medidas de corte populista o con represión. Sin embargo, al no mostrar voluntad política para comenzar a resolver de manera efectiva las fallas de los servicios públicos, nada parece indicar que la situación mejorará.