Con el cierre fronterizo de Paraguachón en el Estado Zulia y el decreto de estado de excepción en el Zulia, suspendiendo las garantías en los municipios Almirante Padilla, Mara y Guajira, se profundizan las medidas gubernamentales para crear un conflicto artificial entre dos naciones hermanas, profundizar la xenofobia contra el pueblo colombiano y establecer un control militar sobre las poblaciones de dos estados fronterizos Zulia y Táchira.
La desesperación por esconder la terrible crisis económica y social de Venezuela, conlleva al gobierno de Maduro, a asumir políticas criminales contra la población de ambos países. En el caso del estado Táchira, los gremios empresariales y sindicales alertan sobre la amenaza a más de 30.000 empleos que genera la relación económica en dicha frontera; en el caso del Estado Zulia, las cifras sobrepasan los 40.000 empleos, ya que las etnias indígenas habitantes de los dos países, tienen en Maracaibo un pulmón histórico-comercial que alimenta a decenas de miles de familias que engrosan la economía no dependiente más numerosa del país, donde participan estas etnias y el conjunto de la población zuliana.
En realidad, la promesa de una nueva frontera lanzada desde el Gobierno nacional y apoyada por el gobierno regional ha sido un nuevo engaño, ya que la producción agrícola y de ganado caprino ha descendido brutalmente, como consecuencia de las políticas nacionales que han afectado la condición de vida de toda la población, convirtiendo al contrabando de toda especie, en el principal negocio de la “nueva frontera”, como es el caso de la gasolina más barata del mundo, donde 80 litros del combustible tienen un valor de Bs. 7 en nuestro país y al pasar la frontera hacia Maicao, alcanza el valor de Bs. 2.200.
Una relación similar se reconoce, en los productos de la dieta diaria que forman parte esencial del novedoso comercio del siglo XXI venezolano, el bachaqueo, cuyo origen señala un solo culpable y son las políticas económicas liquidadoras del Gobierno nacional, al revertir nuestra estructura industrial y comercial a una economía de puertos, que pulveriza la producción nacional, destruye el bolívar y multiplica los grandes negocios de la boliburguesia auspiciada por el régimen.
Movilizaciones populares contra esta política criminal del Gobierno nacional comienzan a realizarse en San Cristóbal el pasado sábado 05-09 y en Cúcuta el domingo 06-09, cuyo contenido llaman a la hermandad de los pueblos colombiano y venezolano y no caer en falsos nacionalismos patrioteros, cuyo destino es maquillar la tragedia que precariza la vida de la nación venezolana.
Igualmente en el Estado Zulia, se ha promovido la constitución del Comité de Solidaridad con los pueblos afectados por los estados de excepción, organizado por sindicalistas, jóvenes, gremios; quienes han establecido contacto con representantes de las etnias indígenas y los afectados, a fin de lograr la unidad de los pueblos ante la intención gubernamental fraguada en laboratorios del mal, orientados a violentar nuestros derechos humanos y democráticos a vivir en paz.
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