Ante las reiteradas afirmaciones del presidente Nicolás Maduro donde asegura que su gobierno protege el poder de compra de los venezolanos mediante el incremento del salario mínimo en cuatro oportunidades, hemos considerado conveniente realizar un breve análisis relativo a tal situación.

El reciente decreto de fecha 01/11/2016 incrementa el salario mínimo a la clase trabajadora al monto de 27.091 Bs/mes, siendo  equivalente a 150  Bs/día. Con el referido aumento apenas se podrá cubrir el pasaje de ida y vuelta a su hogar, si es que se vive relativamente cerca de donde realiza sus actividades, de lo contrario, no le alcanzará ni para eso. Tampoco para comprarse un café pequeño; es decir, que el aumento no le alcanza casi que para nada.

El aumento también incluye  un bono de alimentación de 63.720 Bs/mes, el cual es un ingreso adicional al salario mínimo, pero con la particularidad de que no será reconocido para los efectos del cálculo de las prestaciones sociales. Por tanto, en un ejercicio de futurología imagínese el valor real acumulado por prestaciones sociales de un trabajador con ese salario mínimo recibido al cabo de tres años. Es decir, cual sera el valor real de Bs. 27.091 al cabo de tres años.

Con el objeto de relacionar el  bono de alimentación con el salario mínimo decretado, se destaca que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros el costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de 2.380 bolívares; equivalente a 15,8 veces el aumento decretado para pagar el almuerzo de un día. (15,8 x 150 Bs/dìa)

Claro está, esa sería la situación para el que está trabajando o tiene acceso a la pensión del ejecutivo. El que no tiene trabajo, el que apenas mata tigre o trabaja informalmente; solo recibirá el efecto, en toda su dimensión de las subidas de precios que inmediatamente despuès de haberse conocido del decreto se han desatado. ¿ Y cuantos son estas personas? Parece que son muchas, se habla de aproximadamente 48% de la poblaciòn economicamente activa.

A los pensionados y jubilados que se supone que son los más viejitos les rendirá aùn menos, son los más perjudicados ya que no reciben el bono de alimentación y se estima que la pérdida de su poder adquisitivo está por el orden de 35% y 40%. Recuérdese que en 2015 se alcanzó un máximo histórico de inflación de 180%; mientras que en el caso de los alimentos la inflación cerró en 315%, impactando con mayor fuerza en los estratos con menores ingresos pues son los que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. En otro ejercicio de futurología, imagínese en lo que se habrán convertidos los incrementos de sueldo recibidos por los más ancianos si se estima para final de año una inflación aproximada al 500%. Y téngase presente, que no se estan incluyendo los gastos por concepto de medicamentos, donde existe evidencia que dependiendo del estado de salud, muchos de ellos apenas si les alcanza para comprar las medicinas relativas a los males que los aquejan.

De manera que parece razonable pedirle al señor Presidente, que por favor no nos proteja tanto, con este tipo de medidas. Y que si de verdad nos quiere mejorar el poder de compra del salario debe instrumentar las medidas que vayan orientadas a incrementar la producción, la productividad, reducir la inflaciòn;  y no es incrementando la liquidez,  lo que nos ayudarà.