Un gobierno hipotecado

Luís Eduardo Gallo –Creo que fue Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela entre 1979 y 1983, quien en su discurso de inauguración afirmó que recibía un gobierno hipotecado. Hacia alusión el nuevo Mandatario al hecho de que el gobierno saliente de Carlos Andrés Pérez entregaba un gobierno con deudas gigantescas que, a juicio de Herrera, lastrarían su recién iniciada gestión.

No he analizado qué tan cierta resulto la afirmación hecha por Luis Herrera Campins cuando recibió la presidencia de Pérez, pero hoy son muchas las personas que piensan que el próximo gobernador de Carabobo recibirá un gobierno hipotecado por la desastrosa gestión de Luis Felipe Acosta Carlez
En los últimos días, hemos observado con bastante preocupación, que diversos sectores de la comunidad carabobeña se han lanzado a protestar en contra del Gobierno regional, por el incumplimiento de obligaciones contraídas que no han sido canceladas. Así tenemos que los maestros del Estado, a quienes se ofreció un aumento salarial del 40%, no han cobrado dicho aumento por falta de recursos. Los 18 millones de bolívares fuertes, que al parecer estaban presupuestados para pagar dichos aumentos este año, fueron trasladados a otras partidas, con las que se habrían cancelado otras obligaciones del Gobierno regional, hecho que podría configurar un delito tipificado en la Ley contra la Corrupción.

Por otro lado, se habla de la existencia de una deuda de más de 30 millones de bolívares fuertes con empresas de publicidad, para cuya cancelación tampoco existe disponibilidad en el presupuesto de este año. Con el agravante de que dicha deuda estaría aumentada, dada a la febril campaña publicitaria que viene realizando el ejecutivo del estado Carabobo para promover la obra del gobernador Acosta Carlez.

En materia de obras públicas, existe un problema similar. Numerosos contratistas de obras del Estado, sobre todo en materia de vivienda, están a la espera del pago de valuaciones por varios millones de bolívares que tampoco se materializan, bajo el mismo argumento de insuficiencia presupuestaria; mientras que policías, médicos, enfermeras y otros funcionarios públicos al servicio del gobierno de Carabobo, se quejan por la falta de los materiales y equipos necesarios para el desempeño de sus funciones. ¿Dónde, como también se preguntaba Luis Herrera durante la campaña electoral de 1978, están los reales?

¿Cómo es posible, que dinero destinado al pago del aumento de sueldos y salarios decretado por el mismo Gobierno Regional, haya desaparecido de la partida presupuestaria destinada a sufragarlos? ¿Por qué no se están pagando valuaciones de obras legalmente contratadas con diversas empresas constructoras del Estado Carabobo, valuaciones -por cierto- que no han sido objetadas por los organismos de control y fiscalización correspondientes? ¿Por qué no se pagan?

¿Por qué agentes de la policía del Estado y otros servidores públicos se quejan constantemente de la carencia de los equipos y materiales necesarios para realizar sus labores: dónde están las patrullas, las armas, las medicinas?

Hace apenas unos días, en la prensa carabobeña, representantes de algunas emisoras comunitarias dijeron que el Gobierno Regional les adeudaba 700 millones de bolívares fuertes por concepto de las transmisiones del Programa Alo Mi Pueblo, realizadas durante este año. La cifra me pareció realmente astronómica. De hecho me parece imposible que Gobierno regional alguno pueda comprometer tal cantidad de recursos en un sólo ejercicio presupuestario y, además, con emisoras comunitarias, cuyas tarifas son muy inferiores a las de las emisoras comerciales. ¿Es esto un error o, como se comenta en algunos círculos políticos, estamos en presencia del forjamiento de una deuda fantasma, que tiene por finalidad sustraer de manera ilegal fondos del tesoro público?

¿Qué pasa en Carabobo que estamos presenciando cómo se hipoteca la gestión del próximo gobernador, sin que los organismos competentes, como la Contraloría o el Consejo Legislativo del Estado, pongan reparos a semejante desafuero? ¿Están estos organismos fiscalizando, como es su deber, la forma en la que se está ejecutando el presupuesto del estado Carabobo? ¿Están vigilando para que no se adquieran compromisos que comprometan el próximo presupuesto, o que excedan de los montos existentes en las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal del 2008? ¿Y que están haciendo los órganos de control interno del Ejecutivo Regional, a quiénes por ley les corresponde velar por la correcta ejecución del presupuesto gubernamental? ¿Están haciendo su trabajo?

Existen muchas dudas y son bastantes las interrogantes sobre la manera poco ortodoxa, por decir lo menos, en la que se ha manejado el presupuesto del estado Carabobo por el actual gobierno del general Luis Felipe Acosta Carlez. Estas dudas e interrogantes requieren oportuna respuesta, porque los carabobeños no podemos esperar a que el próximo gobernador de Carabobo diga, al igual que Luis Herrera, que ha recibido un gobierno hipotecado.

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