Chile firmó recientemente un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea, es decir, con los 27 países que integran ese conglomerado de naciones. Ahora los 27 parlamentos europeos involucrados y el parlamento chileno tienen que dar cada uno su aprobación para que ese instrumento pueda pasar a tener plena vigencia. El contenido de ese acuerdo tiene grandes similitudes con el TPP11- firmado ya con los países del área del Océano Pacífico -que suscitó grandes debates, meses atrás, en el sistema político chileno.
El TPP11, se firmó con países con la mayoría de los cuales ya teníamos TLC firmados y vigentes, y que, por lo tanto, ya teníamos con cada uno de ellos una relación comercial normada. Dejar las cosas tal como estaban constituía, en ese momento, una opción de política para las autoridades chilenas. Con la Unión Europea la cosa es diferente. No hay TLC firmados por separado con cada uno de los países miembros de la UE, sino que se firma con los 27 o no se firma con nadie.
Uno no puede menos que entender, por lo tanto, que hay que firmar algún instrumento que norme las relaciones económicas y políticas con la Unión Europea, pues este es un grupo de países de alto peso en la política, en la economía y en la geopolítica mundial y también, desde luego, en el comercio exterior de Chile.
Uno puede comprender, además, que Chile ya tiene firmado un TLC con la Unión Europea y que la opción actual no es dar o no dar ese paso, sino ver qué cosas podemos modificar, del tratado ya existente, en esta nueva ronda de negociaciones, a menos que todo en él nos parezca de maravillas.
Hay que tener en cuenta, además, que en este tipo de negociación diplomática el debate tiene que ser reservado o discreto, para que exista suficiente capacidad de cada una de las partes de modificar sus posiciones e ir acercándolas a las posiciones de su contraparte. No se puede, por lo tanto, estar aireando o publicitando cada detalle de una negociación que no es sencilla. Se publicita el resultado final, pero no el camino que se recorrió para llegar a ello.
Uno puede aceptar, a esta altura de la vida, que hay momentos y circunstancias en la política en que hay que tragarse más de algún sapo. No todo puede resultar tal como uno quisiera. Hay veces en que hay que ceder en algunos puntos, para poder ganar en otros que son de similar o de superior importancia.
Por todo ello, uno podría aceptar que las posiciones de Chile, explicitadas en la mesa de negociaciones por nuestros representantes, no hayan podido ser plenamente aceptadas por un interlocutor que tiene obviamente bastante peso como para hacerse fuerte en sus posiciones.
Pero ¿puede un ciudadano de a pie como yo, enterarse por alguna vía, de lo que plantearon nuestros representantes, aun cuando no hayan tenido éxito en la tarea de conseguir consenso en torno a ellas? ¿Manifestaron, por ejemplo, alguna queja, por leve y sutil que sea, al hecho de que en materia de inversiones basta una suposición de pérdida económica por parte de una empresa, como consecuencia de una medida gubernamental, para que estemos en presencia de una expropiación indirecta, que da derecho a indemnización al supuestamente afectado? ¿O nos parece bien que Chile no pueda imponer medidas comerciales a las empresas establecidas en su territorio, tales como fijar cuotas o porcentajes de la producción que tenga que canalizarse a exportación y/o al mercado interno? ¿Y estamos conformes con el concepto de inversión extranjera presente en el tratado comentado, el cual, en forma extremadamente amplia, incluye a muchos agentes económicos diferentes que pueden reclamar que sus expectativas de ganancia se han visto afectadas? ¿Manifestaron los representantes del pueblo de Chile alguna discrepancia con lo que finalmente se acordó? ¿O hubo acuerdo en todo desde el principio?
¿Tendremos que esperar el debate parlamentario para saber un poco más sobre estos asuntos? ¿O todo ello quedará para siempre en el campo del secreto diplomático?
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