Cómo que si no fuese suficiente con la incertidumbre que teníamos los venezolanos

No hay duda de que mucha es la incertidumbre que se le suma a la población en General con la aprobación por parte de El Parlamento de la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, lo que le quita a las alcaldías y gobernaciones la potestad sobre los puertos, aeropuertos, puentes y carreteras.

En honor a la verdad, son muchos los que creen que más que ofrecer una solución alternativa, esta modificación de ley es un «retroceso» en relación con los logros que hasta el presente, había alcanzado la descentralización en Venezuela.

Es cierto que el grado de descentralización que habíamos logrado no es el mejor, porque en realidad hay menos descentralización de la que deberíamos tener. Basta con detallar la prestación de los servicios públicos y observar que siguen siendo malos, deficientes. No obstante, la gran preocupación que nos embarga, es que no existe ninguna garantía que esto cambie por que pase a manos del poder central. Ya las demostraciones están a la vista, muchas son las actividades que estando en poder del gobierno central son muy deficientes.

La preocupación se acrecienta cuando uno observa la forma de cómo el poder central ha dirigido el proceso sin someter a una verdadera consulta en relación a este importante tema de sumo interés nacional. En otras palabras, la vía de la imposición no luce la más acertada, ya que no se trata de avasallar a los contrarios, se trata es, del interés general, que es lo que más le conviene al país.

En la consulta de reforma constitucional de 2007, esta modificación fue rechazada por la voluntad popular, ha recordado el Dr. Jorge Pabón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). «Hace dos años se consultó en la reforma el cambio del artículo 164 de la Constitución, que pretendía eliminar la administración de puertos y aeropuertos para los estados».

El académico ha afirmado que el Gobierno no respeta la voluntad popular, «porque ese cambio que ellos consultaron y que no se dio, ahora se está haciendo a través de la ley de Descentralización».

Ahora bien, si el propósito de ese cambio es netamente político como se afirma- evitar que administradores regionales opositores puedan demostrar una mejor gestión que los propios -, los efectos van a ser negativos en el orden económico, al restarle eficiencia y dinamismo a servicios que claramente se administran con mayor eficiencia mientras más descentralizados estén.

Es cierto que muchas de estas actividades son consideradas estrategicas y que en otros paises se encuentran adscritas al poder central, pero se les observa administradas por especialistas de las materias y manejadas con altos niveles de tecnologías a fin de garantizar altos niveles de automatización, eficiencia y reducción de la burocracia. Esperemos a que dios nos agarre confesados.

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