La bancada oficialista aprobó ayer en segunda discusión la Ley Chapuza
La aplanadora oficialista consumó ayer un nuevo ataque a las libertades económicas y al derecho de propiedad, al aprobar en segunda discusión el polémico Proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales o Importados, que en la industria se conoció popularmente como Ley Bodrio y luego Ley Chapuza, según las acepciones de la Real Academia Española (RAE).
Si bien ayer los diputados del Gobierno aprobaron el proyecto en segunda discusión, antes de la promulgación deberá redactarse un informe final, dada la gran cantidad de enmiendas que recibió en su tránsito parlamentario el bodrio jurídico por parte de los chapuceros del Capitolio. Dicho en pocas palabras, ahora el régimen también será el responsable de fijar los precios de los automóviles nuevos o usados.
Ya el Gobierno de hecho decide qué modelos se pueden producir y en qué cantidades, transformándose, de paso, en el mayor importador de vehículos en desmedro de una industria establecida que por décadas fue orgullo de la economía venezolana.
A partir del segundo semestre del 2007, el Estado inició un progresivo proceso de destrucción de la industria automotriz nacional, hasta transformarla en una de las actividades más intervenidas y controladas, hasta la aprobación de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales o Importados, con la excusa de evitar la especulación cuando en ningún momento los legisladores abordaron el fondo del problema, que no es otro que el exceso de intervencionismo, la falta de divisas y de reglas claras para impulsar la producción nacional y aumentar la oferta.
El texto de la nueva Ley posee 38 artículos, siete disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, cuya discusión parlamentaria permitió conocer en vivo y en directo el nivel de ignorancia y resentimiento por parte de la bancada oficialista.
De acuerdo a lo establecido, el Estado fijará los precios de los carros nuevos a través del órgano competente en materia de precios, los bancos no podrán otorgar créditos por montos superiores a los que determinen las autoridades y las pólizas de seguro tampoco deben superar el valor decretado por el Ejecutivo.
En cuanto a los carros usados, se fijó una fórmula para determinar su precio y las notarias y registros no podrán formalizar traspasos que violen la normativa impuesta por el régimen.
En lo que constituye la mayor demostración del resentimiento exhibido por los diputados de la bancada oficialista, el Proyecto de Ley aprobado en el Capitolio contempla penalizaciones totalmente desproporcionadas y millonarias a los concesionarios y a la cadena automotriz.
Fuente: http://flash.guiamotor.com/Noticias.aspx?Fecha=02/08/2013