Los cables internacionales hicieron circular por el mundo – entre Navidad y Año Nuevo – una noticia relativa a China, que habría provocado grandes debates  políticos e ideológicos hace unos 30 años atrás, pero que  hoy en día es tomada con entera tranquilidad. Se trata de que los organismos estatales chinos encargados de velar por la libre competencia y  de luchar contra los monopolios y la colusión empresarial han castigado con una fuerte suma de dinero – más de 60 millones de dólares – a ocho navieras internacionales que habían establecido acuerdos entre sí para fijar precios y repartirse clientes y zonas de influencia en los últimos años.

El libre comercio es una de las piedras angulares del  comercio internacional  contemporáneo y es parte constitutiva de la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países miembros de esa organización internacional – que son la inmensa mayoría de los países que conforman la geografía política mundial – han aprobado esos acuerdos y  se supone que se rigen por ellos en su accionar en el campo del comercio internacional. Ello implica, entre otras cosas, la condena a los subsidios gubernamentales en el campo de los bienes manufacturados y  a las colusiones empresariales.  El libre comercio, o el libre mercado, asume que cada agente económico o comercial actúa en el mercado compitiendo  – en forma despiadada o caballerosa, pero compitiendo al fin y al cabo – con todos los otros agentes de la misma especie. No hay que confundir esa figura con el mercado de competencia perfecta, que es una figura o modelo teórico diferente, en el cual se asume que cada agente económico tiene una serie de características o virtudes  – pequeño tamaño, transparencia, libre movilidad, etc.- que llevan a que el mercado en su conjunto conduzca a situaciones de máxima producción y máxima eficiencia.

¿Es el libre comercio una postura doctrinaria de la dirigencia china actual? ¿No violenta aquello la prédica doctrinaria tradicional presente en ciertos círculos marxistas – de ayer, fundamentalmente,  pero todavía de hoy- en el sentido de que el libre comercio es un invento malévolo de los círculos imperialistas para explotar a los pueblos de menor desarrollo relativo? ¿No se imprimieron cientos o miles de páginas en la segunda mitad del siglo XX en las cuales se hablaba del intercambio desigual y de la vigencia de la ley del valor en el campo del comercio internacional? ¿No sería mejor adherir al comercio administrado y negociado mediante acuerdos de gobierno a gobierno? 

Es difícil que alguien crea hoy en día que los intercambios internacionales conduzcan  a situaciones de óptimo por el simple hecho de que se realicen respetando los principios básicos del libre comercio. Pero si parece haber cierto consenso en que en las condiciones de la globalización contemporánea –  en que cualquier mercancía o cualquier servicio tiene miles de eventuales productores, y miles de eventuales compradores,  dislocados todos a lo largo y ancho de la geografía mundial – es mejor,  o es menos malo, si esos productores de bienes y servicios compiten entre ellos que si se ponen de acuerdo para fijar precios y para repartirse mercados.  Es obvio que esas ocho navieras no se coludieron para imponer en el mercado precios más baratos, sino precios más elevados. En otras palabras, es mejor que compitan y no que se asocien.

La postura del gobierno chino es pragmática: es lo mejor para China. Pero también implica una concepción sobre cómo debe funcionar el comercio internacional en el mundo contemporáneo: es mejor que las grandes empresas trasnacionales compitan entre sí tanto como se pueda y no que se  pongan de acuerdo. Un mundo con esos grados de competencia es mejor, para grandes y chicos, que un mundo con todo tipo de acuerdos subterráneos entre los más poderosos. 

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