EL SERIO PROBLEMA DE LA LEY DE COSTOS Y PRECIOS

“Tenemos que ser inflexibles para enderezar lo torcido del capitalismo. Creamos un Sistema Nacional Integrado de Administración de Precios. Que se acabe la especulación y el acaparamiento, lo que incide en la inflación del país”. Hugo Chávez

Como es sabido y nos los indica José Luís Méndez Se promulgó la ley de Precios Justos y Protección del Salario. Se trata de una nueva ley de esas que le gustan al gobierno; que buscan regular lo imposible en el nombre del pueblo y que pretenden justificar de alguna manera lo que el propio tren gubernamental y sus políticas fallidas no pueden justificar de otra manera, es decir, con medidas apropiadas que mejoren la oferta de bienes y servicios, la expandan y multipliquen hacia el consumidor, castiguen las roscas y abaraten los precios, en lugar de castigar a quienes comercializan los bienes y servicios.

Y es precisamente de estos último lo que se persigue, golpear supuestamente las estructuras económicas para que la población tenga acceso a los bienes y servicios básicos de manera general, sin exclusiones y con precios justos. En palabras del presidente Chávez: «tenemos que ser inflexibles para enderezar lo torcido del capitalismo. Creamos un Sistema Nacional Integrado de Administración de Precios. Que se acabe la especulación y el acaparamiento, lo que incide en la inflación del país».

Agrega en su comentario publicado por el diario El Universal de Caracas Méndez, que esta ley ya ha puesto a correr a todo el mundo, pues abarca a todos quienes de una u otra manera en la economía formal o informal, venden, alquilan o comercializan de diferentes formas, un bien o servicio cualquiera, para ver como se toman previsiones ante sus consecuencias económicas. Se prevén ya retrocesos en la inversión de capitales foráneos o nacionales, aumento de la corrupción, y fijación de precios en determinados servicios comerciales y profesionales, de común acuerdo, a través de convenios, con el cliente.

Lo cierto, que ante esta realidad sorprende el que las Universidades nacionales, especialmente la Facultad de Economía, especialmente la de la Universidad de Carabobo no se pronuncien al respecto, den a conocer lo esto involucra, comente sobre lo que de ello se puede originar, en donde sus académicos deben dar sus opiniones sus opiniones a fin de que la comunidad se entere lo que ello representa, lo que involucra, su alcance.

Consideremos como nos lo indica Méndez, el objetivo de esta ley es controlar el precio máximo de los productos básicos, aunque esto evidentemente va a afectar a todos los demás bienes y servicios del mercado, aunque no sean básicos o necesarios. El mecanismo de control que se quiere utilizar es el de la determinación de los costos de producción, distribución y comercialización del producto en cuestión, que nos llevarían a la fijación del precio.

Afortunadamente, un ex docente de la Universidad de Carabobo y ahora docente en la Universidad Católica Andrés Bello y de otras , economista, que en sus estudios de pregrado y aun de postgrado era simpatizante del socialismo como es el Dr. Alexander Guerrero comente, que La Ley de Costos y Precios destruye cualquier rasgo de marco jurídico, fulmina los derechos de propiedad y crea los mecanismos para ir directamente contra la mediana y pequeña propiedad tanto de artesanos, PROFESIONALES, industriales, comerciantes. Acotemos que estos pequeños y medianos empresarios contra quienes esta ley está directamente dirigida constituyen al mismo tiempo el eslabón de rentabilidad más precario del sistema económico conformado por la propiedad privada en Venezuela.

Nos recuerda además, que los objetivos de esa ley habían sido trazados en el 2003 cuando el Gobierno decidió destruir el régimen de la libre empresa, así que no debe haber sorpresas, probablemente mala memoria, esa ley había sido anunciada por Chávez varias veces en estos años, similar a la estatización de la educación y la salud, cuyos tiempos aún no terminado de madurar.

De manera que los objetivos de esa ley son los mismos que subyacen al cambio del régimen económico; a saber, destruir y eliminar el principio de subsidiariedad -en lo económico y político- para destruir lo que queda de propiedad privada rentable, es decir, lo que queda de capitalismo. En otras palabras, eliminar las competencias del mercado y de la propiedad privada en el proceso de formación de precios, el cual está en el corazón de las libertades individuales (libertades económicas y derechos de propiedad) para relegarlas a la autoridad central; el socialismo, una vía de expropiación y muerte lenta.

Esa es la razón por la cual el Gobierno impulsó su cruzada para eliminar la propiedad privada, que en boca de unos de los diputados del Gobierno, Dip. Farías (dixit), recientemente afirmó, y cito, «sí vamos hacia el comunismo». Aprendimos entonces hace años , lo que hoy se establece como objetivo político de la Ley de Costos y Precios como el instrumento político que, en adelante, como una guadaña para mutilar la propiedad privada, esta vez en cacería de la empresa pequeña y mediana, y del ejercicio profesional.

Comenta además Guerrero, un tópico muy significativo ante el alcance de esta ley, como es que en corto plazo, los efectos de una ley como esa son típicos, caída de la inversión, no solo por inseguridad jurídica, sino por los elevados costos de inventarios y empobrecimiento de los sistemas de información, almacenamiento y administración, reacciones del empresario para reducir los grados de exposición ante la ley. La caída de la inversión trae desempleo, los costos traerán cierre de empresas por caída de los rendimientos y ganancias, el mercado se contrae, y aparecen la escasez de bienes y servicios, en otras palabras, el sistema económico impuesto a los golpes de la revolución trae la pobreza conocida del socialismo. Es importante destacar que esos efectos, no son inesperados, por el contrario están en el cálculo político del Gobierno, y esa es la razón de la legislación que hizo posible la Ley de Costos y Salarios.

Definitivamente la Ley de costos y salarios, conlleva a que el sector empresarial venezolano se pronuncie, lo que ella le representa en su operatividad, productividad, las medidas, estrategias, acciones que deben tomarse, puesto que incidirá significativamente en su política de precios, utilidades, nóminas de trabajo, hasta podría darse paso al desempleo, despido, el cierre de muchas pequeñas empresas, a la escasez y desaparición en el mercado de muchos rubros que se pretendían garantizar al usuario.

No hay que descuidar, que esta ley será la encargada de auditar los costos de producción e importación de los productos básicos para los venezolanos, con el fin de establecer ese tan deseado precio justo al público consumidor. Además, se establecen multas altas a quienes no se registren en la base de datos que se constituirá al efecto con sus respectivas estructuras de costos.

Por otra parte se debe considerar, que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) de acuerdo a su presidente Augusto Montiel, aplicará una serie de competencias para que la Ley de Costos y Precios Justos sea empleada con todos los productores, empresarios y comerciantes en el país con firmeza.

El titular de Indepabis indicó, que las facultades del organismo incluyen la fiscalización e inspección / Advirtió que también existe la función de poder establecer una serie de sanciones.

El Programa de postgrado de la especialidad de gerencia de la calidad y productividad del Área de postgrado de Faces, de la Universidad de Carabobo, abrirá un Foro y realizará un evento sobre lo que esta Ley representa para el sector empresarial venezolano, analizará su alcance y propondrá algunas estrategias tomarse en cuenta no solamente en el área de marketing, sino en lo procesos de producción y aun en inversiones, todo ello con el fin de colaborar con la comunidad ante un hecho que no puede ser ignorado.

*Docente de postgrado de Faces, UC
Exatec

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