Investigaciones realizadas en el país indican que la percepción de los usuarios acerca de los servicios prestados por las empresas aseguradoras y las clinicas, es que los precios ofrecidos por éstas son muy elevados – por encima del nivel de inflación- y en oportunidades de mala calidad.
Esta situación ha sido corroborada por la Superintendencia Aseguradora, al aplicar multas elevadas a varias aseguradoras por aumentar las tarifas de las primas, sin el consentimiento del ente regulador del Estado, al cual están obligadas. Mientras que a las clínicas las han mandado a modificar sus estructuras de costos y precios.
Las compañías de seguros alegan que el aumento de las primas son consecuencias del alto costo de la medicina privada; es decir, las clinicas, los médicos y los insumos. No obstante, la creencia es que los dos agentes prestadores de servicios se aprovechan de la situación.
Existe la creencia, entre otras, que la razón de la promulgación de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora, tiene su basamento en los reclamos que hoy día han sido recogidos en la referida ley, y que son valorados positivamente por la población: i) que la ley prohíbe que las empresas condicionen la atención de emergencia a la emisión de claves; ii) que aleguen enfermedades existentes y defectos congénitos para dejar de pagar indemnizaciones; iii) que ofrezcan productos a través de bancos y; iv) que obliga, además, a crear seguros solidarios.
La Cámara de Aseguradores de Venezuela ha advertido que la ley, además de poner en riesgo la viabilidad financiera de las empresas, afectará a los clientes, al reducir la oferta de pólizas a precios asequibles y contribuir a congestionar aún más el sistema privado de salud.
Durante la discusión de la ley hubo muchas críticas al sector. Ya que, pesar que una proporción importante de personas usuarias consideran que el sistema asegurador es confiable; tambien alegan, que están dispuestas a migrar por razones como, calidad de servicio, rapidez de respuesta y de elevados precios. Aspecto éste último, que se ve agravado por el deterioro del poder adquisitivo de un importante número de usuarios, especialmente de las polizas de hospitalización, cirugía y maternidad.
En su favor, la Camara de Aseguradores indica que la ley establece un esquema desiquilibrado, en virtud de que la opción de asegurarse es voluntaria, por lo que los jovenes no están interesados en aportar para favorecer a los mayores y que los sanos no aportarán para cubrir a los enfermos y a los de la tercera edad. Esa situación, ocasionará que el costo de las polizas se eleve hasta el punto de ser impagables por las personas sanas y los jovenes, costos que también serán inmanejables por las personas enfermas y/o de la tercera edad que soliciten un seguro por primera vez.
No obstante, lo que se percibe en referencia al sector, es el sentimiento generalizado que los costos de las polizas ofrecidas por la Compañías de Seguro y los servicios de las Clínicas son muy elevadas, por lo que la disposición de la gente a migrar es evidente, sin reparar en la lealtad a la marca y se van con la empresa que le ofrezca un mejor precio.
Se entiende que la población y el Ejecutivo reconocen la importancia que juegan las compañias que conforman el mercado de los seguros en Venezuela y que su total eliminación o modificación podría traer consecuencias de inviabilidad del seguro de hospitalización. No obstante, el gobierno está en la obligación de actuar en función de garantizar un servicio rápido, de calidad y a precios razonables a sus habitantes y; por eso, el Estado ha creado la nueva ley que regula los aspectos ya comentados, y abré la puerta, vía la creación de una normativa que regula las empresas de medicina prepagada y las cooperativas de salud, como formulas alternativas para cubrir parte de las necesidades sanitarias de los que menos tienen.
Por lo que se pudiera concluir que, el principal auspiciador del crecimiento de las empresas de servicios de medicina prepagada es la inflación. Ya que, tener acceso a las consultas médicas, examenes clínicos, cirugías y hasta medicamentos ha venido siendo prohibitivo para la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos. Y ante el dilema de costear los exhorbitantes precios de la medicina privada con ingresos mermados por la inflación, pagar altas sumas de dinero en polizas de seguro privada, o depender de la red hospitalaria que ofrece el Estado, muchos venezolanos han optado por la medicina prepagada como una alternativa más acorde con la capacidad de compra de éstos. En otras palabras, afiliarse a una compañía de medicina prepagada es una opción para aquellos que no tienen una poliza de salud privada