Indefensos los de aquí

En la actual fase de la revolución bolivariana, en la cual cualquier activo productivo puede ser declarado de utilidad pública y ser por lo tanto objeto de expropiación, es bueno reflexionar sobre los mecanismos de defensa que tienen al respecto tanto los inversionistas extranjeros como los inversionistas nacionales.

Los inversionistas nacionales, entendiendo por tales a los propietarios de tierras, de edificios, de empresas manufactureras grandes o chicas, o de empresas de servicios de cualquier tipo, no tienen en la práctica defensa alguna, independientemente de lo que pueda decir al respecto la constitución.

Por un lado, las leyes han ido modificándose de modo tal de que cualquier activo puede ser declarado de utilidad pública y ser expropiado de inmediato. Las recientes expropiaciones de los edificios que rodean la Plaza Bolívar de Caracas muestran lo rápido que se puede proceder al respecto. Por otro lado, si se visualizara algún resquicio legal o administrativo del cual se pudiera agarrar el propietario afectado, la interpretación final de todas esas disposiciones está en manos de funcionarios altamente permeabilizados por los puntos de vista del Ejecutivo.

En la práctica, por lo tanto, el inversionista nacional no tiene mecanismos de defensa alguna frente a una eventual expropiación. Si el Ejecutivo decide expropiarle sus activos, tiene que darlos por perdidos, y será el mismo Ejecutivo el que determinará el precio o indemnización correspondiente, la cual puede eventualmente ser igual a cero, así como el momento y la forma de pago. Puede que le queden abiertas algunas posibilidades de negociación o de petición, pero difícilmente la posibilidad de revertir la medida.

Con el inversionista extranjero las cosas son diferentes. Este goza de un poderoso mecanismo de defensa que le concede la propia legislación venezolana. Se trata de la posibilidad de recurrir a arbitraje ante ciertos organismos internacionales claramente especificados en los textos legales nacionales vigentes.

Veamos: en el artículo 21 del Decreto 365 con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, se dice textualmente lo siguiente:

….las controversias respecto a las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones ( OMGI – MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo…”

Es decir, las eventuales controversias entre el Estado venezolano y un particular de otro Estado (inversionista extranjero) serán sometidas a arbitraje internacional. Clarísimo. Para eso esta el CIADI, que se menciona explícitamente en el Dec. 365, y que es un órgano dependiente del Banco Mundial. El Decreto 365 lleva la firma del actual Presidente Hugo Chávez Frías y de todos los que eran sus ministros en 1999.

Por si lo anterior fuera poco, en la mayoría de los numerosos Tratados de Promoción y Protección de Inversiones que Venezuela ha firmado con diferentes países, que son ya mas de 25, siempre se especifica algún mecanismo internacional de arbitraje en caso de controversia, aun cuando no siempre es el CIADI.

Sin esos mecanismos de solución de eventuales controversias, es muy difícil que ningún extranjero se aventure a invertir en las procelosas aguas de la economía nacional. Con esos mecanismos de solución de controversias, en cambio, la eventual expropiación siempre dará origen a una larga negociación sobre el monto de la indemnización, pero sabiendo todos, desde el principio de las conversaciones, que tarde o temprano se llegará a un acuerdo, pues si no, la parte afectada puede recurrir al CIADI o a algún otro mecanismos internacional, obligando a Venezuela a aceptar ese arbitraje, lo cual no luce como el mejor escenario para el país.

El actual gobierno ha dado declaraciones expresas, en múltiples oportunidades, en el sentido de que no le gusta el CIADI y quisiera salirse de ese convenio, pero no hay noticias de que haya dado ese paso. Si lo da, es probable que muchos eventuales inversionistas, incluso de países aliados, se resistirían a arriesgar sus fondos en Venezuela, aun cuando fuera en el rentable campo del  petróleo.

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