*Leonardo Vera,*
PolítikaUCAB, 02/08/2022
El gobierno de Nicolás Maduro no puede calificarse como una administración carente de iniciativa o de acciones que bien podríamos llamar de “política pública”. Las diseña, las impone sin consulta, y solo en ocasiones las comunica. Cuando las comunica, prolifera la argucia, es decir, esa fórmula de usar argumentos falsos de modo hábil para que parezcan verdaderos. En lo que exponen, dejan ver su abulia, la incompetencia, la falta de oficio y por eso huyen por la tangente en aburridas narrativas que ellos mismos construyen sobre la historia de Venezuela. En lo que atañe a las políticas, nunca van al fondo y dejan a la imaginación de los afectados el ejercicio lógico de indagar cuáles pueden ser los propósitos ocultos.
Hemos resuelto llamar la regla de 90% a un conjunto de acciones de políticas inadvertidas, nunca consultadas, impuestas y comunicadas con argucia por el gobierno de Maduro, cuyo troquel ha dejado una marca decisivamente negativa sobre la calidad de vida de muchos venezolanos. Advertimos que nuestro juicio y selección ha sido en cierto modo caprichoso. No hay desde luego tal regla del 90%, solo es una infeliz coincidencia que uno encuentra en ese enjambre mal habido de arbitrariedades que elegantemente y hasta quizás indebidamente asociamos aquí con las políticas públicas. Tres ejemplos bastarán para entender que esta llamada regla del 90% es la materialización de varios mecanismos de despojo que hoy afectan seriamente la calidad de vida de los venezolanos.
Comencemos por el que más apremia y concentra la atención de los medios por estos días: El llamado “instructivo de la ONAPRE”. Reconstruyamos brevemente la historia. En la segunda semana de marzo de este año Maduro anuncia, después de 10 meses de congelamiento salarial y en medio de un devastador proceso inflacionario, un aumento del salario mínimo. El decreto publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.691, precisó el nuevo monto del Salario Mínimo Nacional mensual en 130 bolívares (equivalente hoy a 21 dólares), pero paralelamente y sin ningún aviso la ONAPRE, un órgano a cargo de la formulación y control del presupuesto público en Venezuela, y controlado por Delcy Rodríguez, emitió un instructivo que modifica la estructura de los tabuladores salariales y las fórmulas de cálculo de los beneficios y cláusulas socioeconómicas de los trabajadores públicos. Todo esto contraviniendo lo establecido en las contrataciones colectivas. Para muchos trabajadores, y muy especialmente para los adscritos a los servicios de salud y educación, el resultado neto ha sido una desmejora económica, y por esa razón la reacción y la protesta en la calle no se ha dejado esperar.
Resulta pues que después de 4 meses de protestas y no pocas detenciones de dirigentes y líderes sindicales, llegó el momento de recibir el bono recreativo y vacacional, pero la gran sorpresa fue que para la primera quincena de julio, los trabajadores de sector educativo solo recibieron el 10% de lo que realmente les correspondía por bono vacacional y bono recreativo. Lejos de calcular los beneficios con base a los sueldos fijados a marzo, los enanos de Maduro se remitieron al sueldo que estaba vigente en diciembre de 2021. A manera de ejemplo, un docente I que en marzo devengó 329 bolívares, en diciembre de 2021 devengaba sólo 33 bolívares. Si la base de cálculo del beneficio se hace con 33 bolívares recibe sólo 99 bolívares cuando en realidad le tocan 967 bolívares. El Estado venezolano arbitrariamente le ha despojado el 90% del beneficio que por Ley le corresponde.
La regla del 90% que ya vamos perfilando como una centella destinada al despojo, tuvo igual aparición en diciembre del pasado año cuando la Asamblea Nacional de Maduro en solo dos días hábiles aprobó, sin ninguna discusión, el proyecto de Ley de Presupuesto del año 2022. Entonces la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez presentó un proyecto por 62.379 millones de bolívares (13.560 millones de dólares al cambio oficial) sin premisas macroeconómicas (tasa de inflación, tipo de cambio, Producto Interno Bruto real o nominal) y sin indicación sobre el precio promedio esperado del barril de petróleo que se usó para las estimaciones. El proyecto, sin embargo, contenía una siniestra jugada. La contribución fiscal de origen petrolero que tradicionalmente se escinde en Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Regalías y Dividendos, se escondió detrás de un ambiguo concepto de «Ingresos Petroleros Extraordinarios”. ¿Por qué?
El porqué, revela la verdadera patraña de los gg autores de esa Ley: quitarle recursos a los gobiernos regionales; un exabrupto avalado por abyectos e incompetentes legisladores. El situado constitucional, que es la principal fuente de recursos de los estados y municipios del país, fue burlado descaradamente al calificar los ingresos fiscales de origen petrolero como “ingresos extraordinarios”. Y es que como el situado constitucional está definido sobre un porcentaje de los ingresos ordinarios (no mayor al 20% de los mismos), al calificar los ingresos de origen petrolero como “extraordinarios”, los mismos no son tomados en cuenta. Así, en lugar de darle a las gobernaciones y alcaldías 10.555 millones de bolívares, que les corresponde por ley, les asignaron sólo 2.110 millones de bolívares, quitándoles el 80% de los recursos.
Las consecuencias de esta urdida invención son escalofriantes. Venezuela dividida hoy en dos países, la capital y el resto, necesita urgentemente atender, a través de sus gobiernos regionales, las necesidades básicas de su periferia territorial, desde donde aún huyen desesperados contingentes de seres humanos de la precariedad y el abandono. Pero los han dejado sin recursos y desde ahí no se puede levantar nada.
No menos dañina se ha hecho la regla empleada por las autoridades monetarias y el Ministerio de Finanzas de fijar un encaje legal literalmente confiscatorio sobre los depósitos del público. Hasta mediados de 2018, los niveles de coeficiente de encaje ordinario en Venezuela no eran los más altos en el mundo; pero sí colocaban al país en el grupo de países con coeficientes de encaje superiores al 15%. Para drenar liquidez en medio de un proceso de inflación alta, las autoridades monetarias empujadas por la Vicepresidencia del área económica, en lugar de propiciar un cese al financiamiento monetario a PDVSA y otros entes del sector público, decidieron subir el encaje legal, perjudicando directamente a las empresas y al público. Desde febrero de 2019 los bancos tuvieron que ceder al BCV (en la cuenta de reservas bancarias) el 100% de los nuevos depósitos y 57% de todas las captaciones. Posteriormente en abril de 2020 se redujo en 7 puntos porcentuales sobre el denominado saldo marginal para dejarlo en 93% y así se mantuvo por dos años, hasta la ligera modificación de febrero de este año.
En el camino la regla del 93% de encaje junto con la hiperinflación se llevó por delante a millones de tarjeta-habientes, el crédito al sector privado se paralizó y las empresas quedaron sin otra opción que financiar su capital de trabajo con precios. Una cosa así para combatir un proceso de inflación solo se recuerda en el gobierno de Fernando Collor en Brasil, cuando decidió congelar los depósitos del público por 18 meses en un catastrófico plan llamado “Brasil Nuevo”. Ni el plan pudo acabar con la inflación alta y Collor terminó saliendo del gobierno y juzgado por corrupción. Regresando a Venezuela uno piensa que solo alguien nadando en saldos ociosos de millones de verdes en efectivo, puede concebir una economía moderna trabajando sin crédito.
Foto de ANTONI SHKRABA: https://www.pexels.com/es-es/foto/escritorio-gobernante-oficio-herramientas-6621019/
Tomado del Chat de Antonio Paiva
