LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA SE DECLARA EN CONFLICTO

El Consejo Superior de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, reunido en Puerto La Cruz los días 29 y 30 de mayo de 2008, hace pública su preocupación ante la crisis social que, a pesar de los altos precios del petróleo, se viene profundizando en el país, así como su decisión de desarrollar los mecanismos de movilización y lucha necesarios para la defensa de los derechos y calidad de vida del pueblo venezolano.

Las situaciones de pobreza, inseguridad personal y social, desabastecimiento, y disminución acelerada del poder adquisitivo del salario, se vienen agravando en el país, ante la mirada indolente del Ejecutivo Nacional, su incompetencia para atender los problemas esenciales de la gente y su irresponsabilidad ante las justas demandas de la población. De ahí el proceso de generalización de la protesta y del descontento popular que se viene presentando últimamente.

Desde 1999, las universidades han sido objeto de ataques permanentes, cuyo propósito ha sido cercenar su autonomía y su democracia. Esta ofensiva forma parte de un proyecto político que atenta contra los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, impulsado en el sector universitario a través de la violación de derechos civiles, educacionales y culturales; el irrespeto a la autonomía organizativa, académica, administrativa y financiera de las instituciones de Educación Superior; las violaciones a los recintos universitarios; una permanente campaña mediática en contra de la universidad autónoma; la sustitución de autoridades legítimas por autoridades interventoras; el atropello a las asociaciones de profesores, a gremios y sindicatos democráticamente electos; la violación a leyes y reglamentos; persecuciones, medidas represivas y vejaciones.

Como resultado de esta escalada tenemos cuatro universidades intervenidas: la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos (UNELLARG) desde 1999; la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) desde 1999; la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) desde 2000, y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) desde 2001; esto, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente Nº. 0445, de fecha 20-07-2000, ordenó al Ministerio de Educación dictar, en un lapso no mayor de seis (6) meses, la Normativa que permitiera la participación de las comunidades universitarias de las Instituciones intervenidas en la elección de sus autoridades. Recientemente, la UNEFM fue «re intervenida» por Resolución ministerial.

En las universidades intervenidas, además de todos los atropellos a sus comunidades, se viene imponiendo el requisito de identidad con la “ética socialista” como criterio de contratación, práctica nefasta que contradice el principio de pluralidad que define a nuestras universidades; viola la Ley de Universidades y la Constitución Nacional, y forma parte de la práctica gubernamental de imponer, por la vía de los hechos, políticas derivadas del proyecto de Reforma Constitucional rechazado por el pueblo venezolano el 2 de diciembre de 2007.

Mención especial merece la delicada situación que confronta la comunidad universitaria de UNELLEZ, institución que es víctima de una política de desarticulación institucional y de violación de los derechos laborales de su personal, con grave riesgo de su viabilidad académica. El decreto Nº 5.914, Gaceta Oficial Nº 38.884, de fecha 05 de marzo de 2008, la propone como cimiento de las universidades territoriales, dentro del marco de la misión Alma Mater, con la finalidad de “transformar la educación superior… para el fortalecimiento del Poder Popular y la construcción de una sociedad socialista”. El llamado “Poder Popular” y la construcción de una “sociedad socialista” formaban parte del proyecto de Reforma Constitucional rechazado por el pueblo venezolano el 2 de diciembre y se contradicen con lo dispuesto en la Constitución vigente; y la Ley de Universidades no contempla las universidades territoriales, lo que coloca este proyecto gubernamental al margen de la Constitución Nacional y de la Ley. Sin embargo, el gobierno ya está implementando el Plan Diagnóstico y Operativo de destrucción de UNELLEZ, como experiencia piloto para su posterior expansión hacia las demás universidades.
La hostilidad del gobierno contra las universidades, ha estado acompañada por prácticas intimidatorias dirigidas a entorpecer sus actividades regulares, impedir el ejercicio de su democracia interna y amedrentar a sus comunidades. La violencia y la inseguridad llegaron a extremos nunca vistos en UNEXPO, UCLA y UPEL con el ataque y toma de sus instalaciones; en la UCV con la invasión de la Estación Experimental San Nicolás de su Núcleo Maracay, y con el atrincheramiento de bandas armadas en la Escuela de Trabajo Social para reprimir manifestantes que regresaban de ejercer su derecho constitucional a la protesta; en UNESUR con la Invasión de la Hacienda La Glorieta, asiento de su Campus Universitario, y en UNET con la violación de su recinto universitario por efectivos de la Policía del Táchira y la Guardia Nacional, quienes causaron graves daños a edificaciones, equipos y personas.
El acoso a las universidades se manifestó, además, con la aprobación del presupuesto para 2008 por un monto igual al de 2007, que no consideró crecimiento ni inflación, acompañado por la centralización ilegal en OPSU de los incrementos salariales 2004-2005 y 2006-2007, negándose de esta manera toda posibilidad de acometer nuevos proyectos en las universidades.

A pesar de nuestra insistencia en la búsqueda de un diálogo fructífero, el gobierno ha endurecido esta política hostil que atenta contra la posibilidad de garantizar las oportunidades de ingreso a la Educación Superior que demanda la juventud venezolana, y que constituyen un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Esta situación se agrava con el drama de un salario paupérrimo que hace muy poco atractiva la carrera académica y atenta contra la calidad de vida del profesorado, y con la negativa gubernamental a discutir con el gremio los necesarios ajustes a través de la correcta aplicación de las Normas de Homologación.

En Venezuela no puede privar la prepotencia por encima de los derechos de la gente. Las múltiples gestiones realizadas por FAPUV para acercar posiciones y dialogar con los funcionarios que dirigen la política oficial para el sector universitario, han recibido como única respuesta la indiferencia, la burla y el desconocimiento de los derechos laborales que amparan al personal académico de las universidades.
La política gubernamental que desconoce el valor del diálogo y el respeto a los derechos de los universitarios y a sus organizaciones gremiales legítimas obliga a la declaratoria del conflicto nacional universitario hasta lograr la satisfacción de nuestros derechos. Demandamos el cese inmediato del hostigamiento contra las universidades; elecciones en las universidades intervenidas; respeto a la integridad académica e institucional de UNELLEZ; la ampliación y diversificación de la oferta en la Educación Superior; la reposición de cargos en las universidades existentes; la creación de nuevos cargos; la superación del cerco presupuestario; un ajuste salarial que compense el índice de inflación en Venezuela, que es el más elevado en América Latina, y cumplimiento estricto de la normativa legal vigente que regula la materia salarial del sector universitario, como lo son las Normas de Homologación.
En tal sentido constituye mandato unánime de este Consejo Superior la organización inmediata de la lucha nacional en defensa de la universidad venezolana, su autonomía y los derechos de los universitarios, a través de:

•La estructuración de una Comisión Nacional de Estrategia para definir y coordinar las acciones.
La convocatoria urgente de asambleas de profesores en todas las universidades.
• La organización inmediata de comités de conflicto por universidad y por regiones.
•El llamado a estudiantes, empleados y obreros universitarios, y sus organizaciones; a colegios profesionales, otros gremios, sociedad civil y al pueblo en general, a acompañarnos en esta lucha.
•El pase de los docentes interventores a Tribunal Disciplinario.
•La publicación, reproducción y distribución masiva de esta declaración.

“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”

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