Ley de Costos y Precios Justos otorga poder ilimitado al Gobierno

La Ley de Costos y Precios Justos le otorga al Gobierno un poder ilimitado a través de la superintendencia del sector para inspeccionar, controlar y sancionar todos los agentes económicos que produzcan, importen o comercialicen bienes y servicios, sostienen los especialistas en derecho económico y administrativo, Luis Alfonzo Herrera y Victorino Márquez. «Se podrá apoyar la Superintendencia de Precios y Costos en instancias del poder popular para lograr el control social sobre los proveedores en todo el territorio nacional», indica el análisis de los juristas.

Herrera y Márquez señalan que esta ley elimina el carácter relativamente excepcional que tenía hasta ahora el control de precios, para convertirla en una política general. «Se establece, de manera inconstitucional, el marco para el desarrollo de una política general de regulación de precios, donde la regla serán los precios, costos y ganancias fijados a discreción por la planificación centralizada», advierten. Indican que el Gobierno está creando una barrera más contra el sector económico, al obligarlos a inscribirse en el Registro Nacional de Bienes y Servicios como condición para realizar cualquier actividad, y en caso de que no lo hagan, la ley establece sanciones y multas elevadas.

Los especialistas jurídicos afirman que el Ejecutivo pretende restringir la libertad económica de cualquier persona natural o jurídica. «Si la inscripción en el Registro Nacional es condición para que una empresa opere lícitamente, se está violando el derecho constitucional de la libertad que tiene cualquier persona de dedicarse a la actividad económica de su preferencia. También se transgreden los derechos de propiedad, los laborales y los que tienen los consumidores y usuarios de acceder a bienes y servicios», apunta el estudio de Herrera y Márquez. Adiós al libre mercado.

En el análisis, los expertos afirman que con la Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno deroga inconstitucionalmente el sistema de economía social de mercado y el sistema de precios, estipulados en la Constitución en los artículos 112, 115, 117 y 299. «Se establece en su lugar un sistema de colectivización de los medios de producción, donde la modificación y determinación de los precios pasa a ser competencia exclusiva de la Superintendencia del área y no el resultado de la libre interacción y las reglas de la oferta y la demanda».

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/1142932/VENEZUELA-Ley-de-Costos-y-Precios-Justos-otorga-poder-ilimitado-al-Gobierno

A %d blogueros les gusta esto: