Los resultados de la gestión pública indican que se debe cambiar de rumbo

Venezuela se encuentra inmersa en una crisis profunda, económica, social y política, que -en 2009- se manifestó a través de: 1.- la concurrencia de un cuadro de recesión económica, con una caída de 2,9 por ciento del producto interno bruto(PIB) que tiende a profundizarse en el presente año; 2.- alta y persistente inflación; 3.-disminución sostenida de la producción petrolera y mayor dependencia de los precios del petróleo; 4.- creciente desempleo y subempleo; 5.- pérdida de poder adquisitivo de los salarios; 6.- colapso de las empresas básicas de Guayana; 7.- cierre de más de 40 por ciento de las empresas manufactureras privadas que existían en 1998; y 8.- merma de espacios de libertad (asociados al desmembramiento de las instituciones democráticas fundamentales).

Entre las cifras más significativas de los resultados de la actual gestión pública, figuran las siguientes: en el inicio de este régimen, existían novecientos mil trabajadores en la administración pública; hoy, laboran 2,3 millones; el gobierno nacional ha intervenido más de 600 fincas (2,5 millones de hectáreas); ha gastado más de 8 mil millones de dólares en compras de armamento; el bolívar “fuerte” ha perdido 55% de su poder adquisitivo; la inflación acumulada durante los últimos once años es de 733%; el PIB durante el 2009 terminó negativamente en 2,9%, y -en el primer semestre de este año- cayó en 3,5%; el gobierno tiene un latifundio mediático de 731 medios de comunicación; el número de homicidios para 1998 fue de 4.500 y durante 2009 llegó a 19.400 víctimas –cifra que supera a países como Irak y México–; nueve millones de venezolanos están en situación de pobreza y de ellos -en la Venezuela “revolucionaria”- 3 millones se acuestan con el estómago vacío; en el Ministerio del Poder Popular para la Educación hay 150 mil profesores contratados (no son titulares del cargo que ocupan); se fueron al exterior 4.000 médicos venezolanos; el 80% de nuestras exportaciones petroleras van a USA; 300 especies de animales están en amenaza de extinción; de cada 100 dólares que entran al país, 94 provienen de las exportaciones petroleras; en los once años de este régimen, ha tenido tres años con poderes especiales para legislar; la violencia deja unos 300 muertos durante los fines de semana en el país; la CTV informó que hay más de doscientos contratos colectivos vencidos en la administración pública; el sector privado exporta solamente 3 mil millones de dólares anuales; existe un millón de personas infectadas por el mal de chagas; durante la actual gestión gubernamental, la inseguridad ha generado más de 150 mil asesinatos; según DATOS el ingreso real de los estratos D y E refleja una caída de 14% y 13%, respectivamente; la regaladera de dinero a otros países supera los 60 mil millones de dólares; el presidente de PDVSA gana mensualmente 60 mil bolívares fuertes más gastos de representación; el 97% de los delitos cometidos en el país queda impune; las denuncias sobre intento de magnicidio pasan de 50; el reloj del presidente vale 263 mil Bs F. (a Bs.F. 2,15=US$ x 122.325); para el 2002, PDVSA tenía cuarenta y cinco mil empleados y ahora pasan de 100 mil, la mitad no trabaja (cobra un sueldo, sin producir beneficio para el país, pero sí para una parcela política); el gobierno ha gastado cerca de 12 mil millones de dólares estatizando empresas; el 70% de los jóvenes no se gradúa de bachiller; en 2009 y con el 25,1% de inflación, nuestro país ocupó el primer lugar del fenómeno inflacionario en América Latina; los venezolanos consumimos 280 mil barriles diarios de gasolina; se importaba el 1% del consumo de carne y ahora es el 59% de las 3.000 reses que nos comemos diariamente; el presidente ha promulgado 169 decretos-leyes haciendo uso de los poderes especiales; según registro de la OPEP, la producción venezolana de crudo sólo alcanza a 2.207.000 barriles diarios.

Otras cifras significativas son las siguientes: durante esta gestión pública, se han ido del país 9 mil científicos; en 2009, importamos 500 mil toneladas de azúcar de Brasil; los apagones –en el pasado reciente– mantuvieron oscuras el 60% del territorio nacional; el actual régimen encontró una deuda pública -incluyendo la de PDVSA- de 32.484 millones de dólares y para el 2009 cerró en 95.000 millones de dólares; el déficit de vivienda nacional es de 2,5 millones de unidades; el presupuesto nacional para este año es de 159,5 millardos de Bs F; el gobierno ha gastado un billón de dólares durante once años; en la administración pública ocupan cargos 2.200 militares –entre venezolanos, cubanos e iraníes– el gobierno nacional vende la gasolina a 7 dólares el barril y su costo de producción es de 25 dólares el barril; en el país existen 15 millones de armas circulando sin ningún control; en las cárceles del país hay 12 mil camas y existen 32.500 presos; fuera del sistema educativo se encuentran 4 millones de niños; la tasa de crecimiento de la población es de 2,4%; el 98% del financiamiento para el sector agrícola lo hace el sector privado y el sector público tan sólo atiende el 2%.

Además de lo expresado en los párrafos anteriores, el dinero no le alcanzó el año pasado al presidente venezolano para llevar el mensaje de la revolución por el país y el resto del mundo. Por eso, en el presupuesto del presente año, aprobado por la Asamblea Nacional, el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas ha previsto un aumento del 638% en los gastos de la Presidencia de la República con respecto a 2009. El máximo representante de este proceso tendrá a su disposición más de 1.545 millones de dólares (1.027 millones de euros) para cubrir los costos de sus viajes, los de seguridad y las donaciones que hace directamente al pueblo desde el Palacio de Miraflores.

Economistas muy connotados del país en un documento público reciente, en su último párrafo, expresaron lo siguiente: “En el amplio esfuerzo del cambio de rumbo que se debe iniciar en el presente es indispensable abocarse a la recuperación de una verdadera institucionalidad democrática, con poderes públicos genuinamente en función del interés nacional. Este esfuerzo debe ser acompañado de un franco debate público de ideas sobre cómo se puede rectificar en materia económica, petrolera y social. Ello permitiría lograr definiciones sobre las características centrales de un nuevo rumbo orientado hacia el desarrollo económico con bienestar y equidad social, las cuales serán fundamentales para cuando los venezolanos decidan -en los procesos electorales correspondientes- que ya basta de insistir en un esquema ideológico comprobadamente ruinoso que ha exacerbado lo peor del rentismo petrolero. De asumir esta responsabilidad depende el futuro de Venezuela”.

¡EL CAMINO ACTUAL CONDUCE AL FRACASO ECONÓMICO, LA POBREZA Y LA PÉRDIDA DE LIBERTADES!

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