El Bank of America realizó recientemente un estudio en el cual pone de manifiesto que en la Venezuela actual está en plena vigencia un volumen de subsidios que alcanza al 10,4 % del PIB, lo cual corresponde aproximadamente a 38 mil millones de dólares.  Dicho estudio considera solamente tres fuentes de subsidios: por un  lado, los dólares baratos para importación de bienes y servicios de consumo, por donde se va un 5,2 % del PIB. En segundo lugar, los dólares baratos -y por lo tanto subsidiados- para importación de bienes de capital, por donde se gasta un 1,6 % del PIB y los subsidios implícitos en el precio de la gasolina barata, lo cual representa un 3,5 % del PIB.

Si esos subsidios  -que no están actualmente focalizados en determinados sectores objetivo, sino que van de una u otra forma al conjunto de la población, o incluso a los sectores más ricos de la misma- se pudieran canalizar directamente a los sectores más pobres, se podría pensar en que una persona pobre reciba un subsidio de 100 dólares al mes, o de 1.200 dólares al año, lo cual es más que el salario mínimo que recibe hoy en día un grueso porcentaje de la masa trabajadora. Ese subsidio, dirigido a 5 millones de pobres, significaría un gasto para el Estado de 6 mil millones de dólares al año. Si se quisiera abarcar a un sector más amplio de la población -por ejemplo, a 10 millones de los más pobres- eso tendría un costo para el país de 12 mil millones de dólares. En cualquier caso, bastante menos que lo que se gasta en el desordenado sistema de subsidios actualmente existente.

Subsidiar sectores sociales o sectores productivos no es una cosa intrínsecamente mala en el seno de una economía. Por medio de los subsidios dirigidos al consumidor se pueden paliar situaciones sociales extremas –como el desempleo-  que privan a muchos sectores sociales de bienes y servicios que la propia constitución reconoce como parte de los derechos de los venezolanos. Por la vía de los subsidios a las personas se puede incrementar el consumo de bienes y servicios esenciales, lo cual a  su vez incrementa la demanda y la producción de los mismos a lo largo y ancho del país. Por medio de los subsidios a la producción se puede incentivar la oferta de bienes y servicios considerados social y/o económicamente prioritarios.  Por medio de los subsidios condicionados a la realización de determinadas actividades se puede obligar a que los niños vayan al colegio, o que cumplan con los controles médicos, o que incluso los padres asistan a actividades de capacitación profesional que les permitan en algún momento un nivel mayor de productividad laboral.

La operación práctica de los subsidios es obviamente más compleja que lo que fluye de estas líneas, que tienen solo el objetivo de mostrar una visión general del problema. En la práctica el subsidio no puede sustituir a la posibilidad de trabajar, ni pueden estar encaminados a generar un ejército de parásitos que vivan del subsidio estatal. Los subsidios deben ser  canalizados  hacia los más pobres, a los más viejos, a las mujeres dueñas de casa con cierta cantidad de hijos, a los enfermos crónicos, a jóvenes en su primer trabajo, o a los desempleados, a los jóvenes en proceso de capacitación, y a otros sectores sociales en los cuales se quiera focalizar el subsidio.  Pero lo cierto es  que la economía venezolana tiene recursos, aun en las situaciones críticas del presente, como para usar la herramienta de los subsidios en una forma social, política y productiva más eficiente que la actual.   

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