Seguros de Salud

La decisión reciente del gobierno nacional de constituir una compañía de seguros, Bolivariana de Seguros, para concentrar en ella todas las pólizas de HCM de los trabajadores del sector público, beneficio logrado, por lo general, mediante la contratación colectiva, ha generado malestar y la natural incertidumbre entre el funcionariado público venezolano. El archipiélago de instituciones y servicios de salud que existe en Venezuela y la tendencia cada vez mayor a la privatización de la salud, es la consecuencia lógica del marcado deterioro de la red institucional pública. En Venezuela, en los últimos tiempos, luego del éxito de la campaña sanitaria que permitió la instalación de la industria petrolera y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la ciudad y el campo, en las primeras cuatro décadas del siglo pasado, se han ensayado todas las formas y modalidades de organización de los sistemas de salud sin resultados favorables. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 83,84 y 85, desarrolla el derecho a la salud y establece el deber del Estado de garantizar la efectividad de este derecho mediante la creación y puesta en marcha de un Sistema Público Nacional de Salud. Este Sistema, por mandato expreso de la Constitución, integra el Sistema de Seguridad Social, regulado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual, inicialmente, fijó un lapso de diez años para que todas las instituciones, servicios y programas de salud de carácter público o que reciban para su funcionamiento recursos fiscales, se integren y conformen dicho Sistema de Salud. Han transcurrido ocho años de los diez previstos para llevar a cabo la integración y la realidad muestra que estamos muy lejos de lograr tal propósito, por el contrario, se han profundizado dos fenómenos que atentan contra el mandato constitucional y legal integracionista, a saber: paralelismo institucional (misión Barrio Adentro) que ha dejado sin piso al ente rector de la salud en el país (ministerio de Salud) y la potenciación de la medicina privada, consecuencia directa de la ineficiencia de la red pública para dar respuesta oportuna y de calidad a la creciente demanda de la población, lo que se evidencia incuestionablemente con el número de pólizas de HCM contratadas con las compañías de seguros y la extensión poblacional cubierta con estas pólizas, por lo general, de baja cuantía.

El gobierno nacional, en un actuar contrario a lo que indica el sentido común y pauta la Constitución y la Ley, se aleja del integracionismo con sus caracteres de descentralización e intersectorialidad y acude a la vía rápida de concentrar las pólizas de HCM, es decir, los seguros de salud, que el propio Estado, ante su ineficiencia sanitaria, ha contratado con el sector privado asegurador para garantizar un mínimo de atención médica a sus trabajadores. Este proceder lo justifica por el elevado costo del aseguramiento, el pago de comisiones, la ausencia de control y, sin duda, el papel que juega en esta materia el mercado asegurador privado. Craso error gubernamental. Ninguno de los vicios y fallas detectados será superado. Los mismos se elevarán exponencialmente. El experimento está condenado, de entrada, al fracaso, con un elevado costo económico, social y político, simplemente, por aupar a quien ayer creó un imperio asegurador que sirvió para la comisión de todo tipo de fraude.

El problema de los servicios de salud en Venezuela no está en la demanda sino en la oferta.
Bolivariana de Seguros es una empresa igual a cualquiera otra aseguradora, regida por la Ley especial que regula la materia; por consiguiente, debe cumplir con las normas, por lo demás estrictas, que pautan el funcionamiento de este mercado complejo. Entre otras, debe ofrecer sus productos (pólizas) con las especificaciones, límites y alcances que autorice el órgano regulador y competir en un mercado con más de cincuenta empresas del mismo tipo; y, además, someterse a las reglas de juego de los procesos licitatorios. En un comienzo, según se advierte por la prensa nacional, las pólizas que concentre mantendrán su cobertura establecida, a decir verdad de cuantía insignificante ante los costos del aseguramiento médico, mas adelante, la cobertura será unificada. En términos de población se habla de diez millones de personas lo que hace pensar en una extensa red de oficinas distribuidas por todo el territorio nacional para atender a tan numerosa demanda .El asunto más grave y preocupante no está en el establecimiento de un baremo único, de precios controlados, sino en la oferta de los servicios de atención médica .La red pública está inservible y colapsada, carece de capacidad de respuesta y sería contrario a la Constitución que el Estado la privatizara y eliminara el principio de gratuidad. La red privada está a punto de colapsar por la excesiva demanda. Si un Estado maula para pagar como el venezolano mantiene tal conducta, simplemente, la oferta privada le cierra sus puertas y los servidores públicos se quedan sin servicios de salud, con lo que se estaría violentando este derecho, incumpliendo la contratación colectiva y haciendo más penosa la vida de los trabajadores venezolanos. No faltará la voz del ejecutivo que diga me expropia la clínica tal por negarse a atender a mis trabajadores asegurados, ignorando por completo como funcionan esta instituciones, la clínica será expropiada, y al día siguiente no existirá, pero tampoco nada que la sustituya .Los seguros de salud morirán y con ellos buena parte de sus beneficiarios.

Absalón Méndez Cegarra

A %d blogueros les gusta esto: