El Sindicato de Chrysler fijó posición…
El Sindicato de Trabajadores de Chrysler de Venezuela reaccionó públicamente ante señalamientos que le vinculan a mafias que controlan la adjudicación de vehículos a los trabajadores de la ensambladora para comercializarlos a terceros, forzando la especulación con altos precios, por encima de los fijados por los fabricantes.
Acusó el Sindicato a la Cámara de Comercio de Valencia de pretender “desviar la atención de una situación nacional a la que el Estado tiene que darle una respuesta contundente, como lo es la especulación». En su documento sostiene que “los trabajadores directos de las cinco ensambladoras del país somos alrededor de ocho mil quinientos (8.500), la producción de vehículos del país estuvo por encima de las ciento cinco mil unidades (105.000)… no representa el diez por ciento 10% de la producción total de vehículos, el poder hacerlo no nos convierte en mafiosos o delincuentes”.
El Sindicato repite una acusación por la que se quiere endosar a los concesionarios y sus familiares, que estimó en 55 familias, la responsabilidad de la distorsión en los precios. Venezuela es el único país del mundo en el que los carros usados se venden más caros que los nuevos y que existan carros usados con sólo 100 kilómetros que triplican el precio del mismo vehículo nuevo.
Esta circunstancia está siendo aprovechada por el movimiento chavista para promover la aprobación de una Ley para controlar los precios de los carros nuevos y usados, nacionales e importados, ya aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, iniciativa a todas luces inconstitucional por donde se le mire: pretende obligar a la devolución del dinero cobrado demás a los propietarios al precio que tuvo el vehículo en el 2009, con desmedidas sanciones al concesionario que no lo haga en el corto plazo estipulado, pero no refiere nada el proyecto a la devolución del IVA por el Fisco ni a la situación en que quedan los bancos que financiaron las compras de esos vehículos, sin contar que ninguna Ley puede ser retroactiva ni penalizar hacia atrás.
El referido proyecto de Ley es un “paño rojo” para desviar con su propuesta la atención de la opinión pública ante la crisis que afecta al régimen por la ausencia del Presidente Chávez y las escandalosas posiciones asumidas por los poderes públicos, violatorios de la Constitución Nacional, para imponer situaciones aberrantes jurídicamente. El referido Sindicato de Trabajadores de Chrysler utiliza en su defensa algunos de los señalamientos que argumenta el propulsor de la Ley que busca aniquilar al sector comercial del automóvil.
Fuente: http://flash.guiamotor.com/Noticias.aspx?Fecha=04%2f02%2f2013