Sobre la inflación y la desocupación laboral

La inflación no es el único fenómeno económico que le quita poder adquisitivo a los trabajadores. La cesantía, o en general la desocupación laboral, es otro fenómeno que le quita violentamente el 100 % de su poder adquisitivo a los trabajadores que la padecen. La lucha contra la cesantía debería, por lo tanto, gozar de tanta consideración política como la lucha contra la inflación, si es que aceptamos el argumento de que la pérdida de poder adquisitivo es lo que hay que evitar o combatir.

Ya casi forma parte del folklore económico el repetir la idea de que la inflación es el peor de los impuestos, pues reduce el poder adquisitivo o el salario real de todos los consumidores que trabajan y viven sujetos a un salario nominalmente fijo.  Eso es real. Una inflación, por ejemplo, de 6 % anual, reduce los salarios reales de los trabajadores, en aproximadamente, en promedio, en un 3% anual, pues esa inflación se va dando paulatinamente a lo largo del año.

Esa situación tiene en común con los impuestos el hecho de que recorta el salario real de los consumidores, pero se diferencia de ellos en el hecho de que los impuestos, por lo general, tienen que ser discutidos y aprobados en los parlamentos, y son conocidos en su magnitud por toda la opinión pública, y gozan de algún grado de consenso entre los formuladores de las políticas públicas. La inflación, en cambio, no cuenta con la aprobación de nadie, ni nunca se sabe, en la mayoría de los casos, la magnitud exacta que ella asumirá.

Pero no se crea que el único impacto de la inflación es el decrecimiento de los ingresos de los trabajadores asalariados que no tienen mecanismos de defensa o de reajuste automático de sus salarios. Si así fuera, las elites económicas no lucharían tan entusiastamente en contra de la inflación, pues pasaría a ser para ellos un problema de segundo orden, o incluso un problema que no les incumbe. Pero no es así. Les incumbe en forma muy directa, no porque afecte en lo inmediato sus ingresos reales, sino por el hecho de que la inflación, al ir modificando en forma un tanto desordenada el sistema o la relación entre los precios de las diferentes mercancías,  caotiza el proceso de toma de decisiones económicas y de asignación de recursos, le quita validez a esos referentes más directos que son los precios y le introduce a los negocios una cuota adicional de riesgo y de incertidumbre, a los riesgos que de por si tienen los mercados, sobre todo por la incapacidad intrínseca del hombre de conocer el futuro.

En los tiempos contemporáneos se ha introducido en la práctica económica la idea de contar con una inflación programada, que precisamente por ser conocida y programada y asumir una suerte de compromiso de las autoridades monetarias con los agentes económicos del país, reduce los riesgos y las incertidumbres relacionadas con la inflación. Pero no reduce el problema de la pérdida de poder adquisitivo de los sectores consumidores y asalariados por efecto de la inflación. Ese problema queda pendiente —queda en una tierra de nadie— y no goza, desde luego del mismo grado de programación y de compromiso de que goza la tasa de inflación programada.

Pero hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. La inflación no es el único fenómeno económico que le quita poder adquisitivo a los trabajadores. La cesantía, o en general la desocupación laboral, es otro fenómeno que le quita violentamente el 100 % de su poder adquisitivo a los trabajadores que la padecen. La lucha contra la cesantía debería, por lo tanto, gozar de tanta consideración política como la lucha contra la inflación, si es que aceptamos el argumento de que la pérdida de poder adquisitivo es lo que hay que evitar o combatir.

El Banco Central asume con muchísima seriedad la tarea de asegurar que la inflación se mantenga dentro de las metas que ellos mismos han programado. Tiene, para ello, a disposición, prácticamente todos los instrumentos y herramientas de política monetaria que se conocen. Pero la lucha contra la desocupación no goza de metas cuantitativas claras que sean asumidas por alguna institución que tenga instrumentos y prerrogativas como para alcanzarlas, aun cuando es un problema político, social y económico de primera importancia. Más aun, no sería difícil demostrar que la lucha contra la inflación tiene, en algunas circunstancias o dentro de ciertos márgenes, consecuencias en términos de desmejorar los niveles de empleo y de actividad económica. Por lo tanto, lucha contra la inflación y la lucha contra la desocupación deberían ir de la mano, conformar un solo paquete de política económica, y gozar ambos de metas que sean asumidas en forma transversal por todos y cada uno de los organismos e instituciones estatales, sin que uno de ellos pueda decir que solo les importa la inflación, pase lo que pase con el resto de la economía.

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