Agroecología, entre precios regulados y una nueva red de distribución

“No podemos hablar de agricultura competitiva o con ventaja comparativa si seguimos manteniendo el uso de agrotóxicos”, dice Miguel Ángel Núñez, Coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical (IPIAT), quien sostiene, como prueba de su afirmación, que este modelo de producción “no está dando la respuesta adecuada con relación a la cantidad de recursos e ingresos que se le han inyectado”.

De hecho, Núñez considera que a pesar de que en este año ha aumentado el número de créditos otorgados por el Gobierno Nacional para la producción agrícola en Venezuela, el crecimiento de este sector “no debe llegar al tres por ciento”, durante los meses que han transcurrido en el 2006, con respecto al 2005.

Por ello, señala que el Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical (IPIAT), desde su creación, hace 20 años, ha planteado como solución a esta situación la necesidad de cambiar el proceso productivo que se ha venido implementando hasta ahora y avanzar hacia “el modelo agrícola establecido en la Constitución Bolivariana, a una sostenible”; es decir, aquella que deseche el uso de sustancias químicas con la finalidad “de evitar los problemas de salud pública que estamos viviendo”.

En este sentido, Núñez manifiesta que también deben establecerse “políticas agroalimentarias” pues estas no existen actualmente en Venezuela. Así, explica tres vías posibles para que éstas sean definidas. La primera de ellas corresponde a la agricultura tradicional, que emplea agroquímicos y “se sigue imponiendo por muchos agricultores extranjeros”. La segunda, se refiere al cultivo orgánico, en el que los insumos son de tipo biológico.

Por último se encuentra la ciencia agroecológica, bajo la cual “la agricultura no sólo se ve como una actividad rentista o productivita sino desde el punto de vista humano”; “desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que ver cómo ese productor va a mejorar su calidad de vida, no solamente con los recursos económicos, (…) sino generando productos que no sean contaminantes”, dice Núñez.

Asimismo, indica que el objetivo en el que se encuentra trabajando el Ministerio de Agricultura y Tierras es justamente la implementación de este modelo de cultivo. Añade que en este proceso se encuentran participando el IPIAT y otras extranjeras como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) “que ha venido con una propuesta de mucha punta; la creación de la Escuela Agroecológica Campesina que va a recibir a 250 estudiantes latinoamericanos donde lo que se busca es formar técnicos en agroecología que vayan hacia la razón de la agricultura que queremos”.

De igual forma, expresa que en octubre del año 2006 la Universidad Simón Rodríguez iniciará el programa “Simoncito”, para capacitar a 5000 jóvenes del estado Mérida, mientras que actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Fundacyt, está llevando a cabo la Misión Ciencia para desarrollar proyectos en el área de la agroecología.

Por lo antes mencionado, Núñez opina que el Gobierno Nacional se encuentra en un “proceso de transición” hacia la agronomía sustentable. Además porque el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SANSA), dependiente del Ministerio de Agricultura y Tierras, “ha sufrido en los últimos tres años una reestructuración”, pues “se están promoviendo campañas de vacunación y construyendo laboratorios donde se va a estar produciendo microorganismos para combatir distintos tipos de plagas”.

Así, de acuerdo con este miembro del IPIAT, próximamente se inaugurará uno de estos laboratorios en la Victoria y otros tres en Mérida que empezarán a funcionar en zonas distintas de ese estado para producir preparados biológicos que se utilizarán en la recuperación de los suelos que han sido maltratados con el uso de los agroquímicos.

Y es que los resultados de una investigación realizada por el IPIAT y algunos miembros de la Universidad de Mérida, indican que por cada hectárea cultivada con agroquímicos, en los llanos occidentales, se genera un costo ambiental de 1486 dólares. “Eso te dice a ti que existe una gran cantidad de problemas de orden tecnológico que tienen que manejarse y adecuarse”, resalta Núnez.

Agrega que “el productor está preocupado por los rendimientos pero (…) también está entendiendo que en su sistema de cultivo se está cumpliendo la ley de rendimientos decrecientes” (…), es decir que “se comienza a añadir insumos y a aumentar los costos de producción y el rendimiento sigue bajando, por lo que tiene que cambiar”.

Por esta razón, Núñez concluye que “el Estado tiene que asumir la responsabilidad de darle todas las posibilidades al productor de mejorar su sistema de cultivo y dar el salto de una agricultura tradicional a una sustentable”, tal como él dice que lo está haciendo basado en los avances que ha mencionado.

Mercal y regulación para el beneficio del consumidor

El Coronel Orangel Contreras, presidente del Mercado de Mayoristas de Barquisimeto (Mercabar) manifiesta que la medida de regulación de precios se aplica con el propósito de que el consumidor pueda adquirir los alimentos de primera necesidad a precios asequibles; sin embargo, “el mercado comienza a dar cambios y se observa, en corto tiempo, el impacto principal, la escasez de los productos regulados”.

En este sentido, señala que “las altas tasas impositivas, la escasez de buenas vías de transporte y comunicación, la obtención de materia prima, el costo de manufactura de los productos y los mercados monopólicos” son los factores principales que impiden mantener los precios fijos.

A pesar de ello, Contreras expresa que la creación del Mercado de Alimentos (Mercal) “representa la solución en la distribución y ventas de alimentos subsidiados”. Agrega que estos puntos de venta han aumentado las ventas de los productos no perecederos y que “puede ser que a futuro se comiencen a comercializar y los productores de la tierra, tengan que aumentar sus cosechas para cubrir esta demanda”.

Y es que tal como afirma Maria Eugenia Boza, en un trabajo publicado en la revista Debates IESA (volumen 4, 2005), “en respuesta al rápido crecimiento de Mercal, proveedores, intermediarios y detallistas de todos los tamaños iniciaron un proceso de reacomodo que aún no concluye”, pues el sistema de distribución incluye la operación comercial integral de puntos de venta, una red de franquicias de terceros y un proveedor de productos de consumo a detallistas afiliados.

Comercialización afuera de las fronteras

Jorge Alvarado, expresidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, (Fedeagro) expresa que el sector Agroindustrial ante el déficit de alimentos que ha existido desde la década de los noventa hasta principios de la actual destinó alrededor de 7.000 millones de dólares para importaciones, y aún después de “dedicar muchos millones de palabras y de bolívares al desarrollo de la agricultura, de acuerdo a lo establecido en el 305 de la Constitución para ’privilegiar la producción agropecuaria interna’, en el año 2005 la cifra, aún con el control de cambios, alcanzó montos muy superiores, siendo el Ejecutivo el mayor importador.

En cuanto a las exportaciones, habla de cifras “insignificantes” al señalar que éstas pasaron de 690 millones de dólares en 1998 a 277 millones en el 2005, lo cual es insignificante. Agrega que “lo paradójico es que el país cuenta con potencial para un desarrollo importante en el área agrícola y además recursos económicos para apoyar un desarrollo integral”.

Pero es que según Alvarado, en el sector agroindustrial se evidencian dos situaciones: “tecnologías de punta con instalaciones de primera y un entorno controlado que no permite el avance de la productividad”, lo que perjudica a los agricultores, pues “muchas de las ineficiencias derivadas de esas camisas de fuerzas impuestas deben ser subsidiadas por ellos”.

Así que en definitiva, el expresidente de Fedeagro opina que todo ello le permite afirmar que “en Venezuela no hay seguridad alimentaria”, pues este concepto no se refiere únicamente al abastecimiento sino a la “producción y disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional a fin de permitir el acceso oportuno y permanente por parte de los consumidores (…) en calidad y cantidad adecuada a sus requerimientos”.

Ganar – Ganar

Así que mientras unos afirman que el Gobierno Nacional se encuentra trabajando en la implementación de una agricultura verdaderamente productiva y no contaminante, hay quienes plantean que aún falta mucho por hacer y que medidas como la regulación de precios no son del todo efectivas ni permanentes en el tiempo. Todo ello sugiere la importancia de implementar políticas agrícolas que tomen en cuenta todos los niveles de la estructura productiva y beneficien al agricultor a fin de estimular esta actividad y satisfacer las necesidades del consumidor en una relación ganar-ganar.

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