Apoyan la instrumentación de la ley que regula la compra y venta de vehículos

La iniciativa de regular la compra y venta de los vehículos automotores nuevos y usados, ha tenido plena receptividad en la comunidad interesada en adquirir vehículos, por considerar que estaban siendo estafados por mafias que se dedican a esos quehaceres. Ha sido tal la receptividad, que la ley fue aprobada en la Asamblea Nacional por unanimidad en su primera discusión.

No es posible que bajo el amparo de la manipulación de la información relativa a la escasez de la oferta de vehículos nuevos y usados, se pretenda justificar el comportamiento de los concesionaros, vendedores independientes y ¨otros¨ de este importante sector de la economía.

A menos que se tengan intereses en los negocios relacionados con el mundo automotor venezolano, se podrá justificar semejante arbitrariedad, abuso y carencia de ética comercial. Es un decir común en la sociedad venezolana, que tenemos una economía plagada de especuladores, acaparadores y funcionarios públicos que se prestan para este y otros supuestos negocios, actuando en contra de las organizaciones éticamente responsables y de los intereses de la población.

No se requiere de una investigación exhaustiva para saber lo que está pasando con la compra y venta de los vehículos en el país. Es más, es tanta la distorsión, que en Venezuela cuesta más un vehículo que un apartamento en el mercado secundario.

Los resultados de la corroboración de las denuncias efectuadas por los consumidores, es que el modus operandi generalmente consiste en esconder los vehículos, colocar un local para hacer creer que no tienen vehículos disponibles y luego venderlos más caros del precio sugerido al público.

Es tan cierta la distorsión, que dos de las siete ensambladoras, específicamente Chrysler y Ford, han alertado a sus clientes y a la comunidad en general mediante un amplio comunicado, que afirma que solamente comercializan sus productos a través de sus respectivas redes de concesionarios, invitándolos así a asegurar la legitima adquisición de un vehículo nuevo. Cabría preguntarse ¿porque no lo han hecho el resto de las ensambladoras?

Y cuál será el mecanismo de supervisión y de seguimiento a los concesionarios, porque nadie se cree que éstos son unos santos y que con el comunicado bastará.

Según el Proyecto de Ley en la Exposición de Motivos se pregunta ¿Qué sentido tiene que el Estado otorgue a las ensambladoras dólares a 4,30 bolívares y se vendan en el mercado nacional los vehículos automotores calculados a 20 bolívares por dólar?, y en muchas casos, se adiciona una comisión por la gestión de conseguirlo. ¿No son esos actos de estafa y usura en la comercialización de los vehículos? ¿Se puede justificar semejante comportamiento? ¿Dónde está la responsabilidad empresarial de los involucrados?

La solución de esta problemática si de verdad se quiere afrontar, pasa por el hecho de abordar aspectos, tales como: i) el mejoramiento del servicio público de transporte urbano; ii) el precio de la gasolina; iii) la liquidez monetaria existente en manos del público; iv) la capacidad de compra del venezolano; v) la apertura de la importación de vehículos nuevos y usados; vi) el control de cambio; vii) el famoso precio de reposición, viii) la transferencia tecnológica y otros más.

Aquellos que piensan que el exceso de demanda de vehículos automotores se solucionará con más dólares aportados por CADIVI a los comercializadores de tales vehículos, están equivocados. Si eso se permite seguirán haciendo negocios con la población.

Para el corto y mediano plazo se requiere de un mecanismo que le ponga coto a estas imperfecciones del mercado y la nueva Ley luce apropiada para la situación.

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