Que los Centros Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, distribuyan comida – y sustituyan a los comerciantes grandes o chicos que tradicionalmente hacen esa función – podría considerarse bueno siempre y cuando – en la emergencia – el mecanismo sirva para asegurar que una cierta canasta de alimentos llegue – a precios oficiales – a manos de todos los consumidores que la requieran.

Que los militares participen, se involucren y se comprometan en esa labor puede que sea bueno, siempre y cuando pongan orden en el proceso, e impidan los tumultos y los saqueos que se están haciendo cada vez más usuales y peligrosos en toda la cadena de comercialización de alimentos.

Pero lo que es francamente canallesco es que en ese proceso de distribución se discrimine políticamente y no se le venda nada a las familias que no están identificadas con el chavismo. Eso no tiene nombre. Es intentar cercar por el hambre a la oposición que crece en los sectores populares. Es conseguir votos y lealtades por la vía del más vil de los chantajes: si no estás conmigo no comes. Es, además, un proceso que debe estar penado por la ley, pues se utilizan y se colocan los fondos y los bienes públicos al servicio de una cierta parcialidad política. Esa discriminación debe desaparecer de raíz, sean unos pocos o sean cientos los casos que se hayan presentado de este fenómeno, en este naciente mecanismo de distribución de alimentos.

Que una persona piense diferente a otra puede que genere cierta tensión o incluso cierto grado de odiosidad entre ellas. Puede que desgraciadamente no existan los grados de tolerancia que son propios de una democracia. Pero que una de ellas le niegue la alimentación, y prácticamente la vida, a la familia y a los hijos de la otra, como consecuencia de un odio que no le nace autónomamente, sino que es consecuencia una discriminación que es incentivada y promulgada por los poderes del estado, es algo sencillamente monstruoso. Que los militares participen y avalen esa división entre los venezolanos es incomprensible. 

Lo que está haciéndose con la comida – si no se para a tiempo-   es enteramente posible que lo terminen haciendo también con las medicinas. El que no es chavista no come. Con la mima lógica se podría decir el día de mañana que el que no es chavista no obtiene medicinas y tiene que sufrir callado sus dolencias o sencillamente morirse. La constitución asegura los mismos derechos y deberes para todos los venezolanos, entre ellos el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida, pero el gobierno – si no interviene de inmediato para parar esta barbaridad-   estaría estableciendo de hecho una discriminación que divide a los venezolanos en venezolanos con derecho a la comida y venezolanos sin ese derecho.

Los militantes honestos del chavismo en los sectores populares no deberían aceptar esa discriminación en contra de vecinos, familiares o amigos – con los cuales conviven día a día – y que piensan distinto respecto a las bondades de este gobierno. Los líderes del chavismo en los niveles dirigentes del aparato del estado – incluso el mismo Fredy Bernal- deberían detener en seco esa actitud que linda con el genocidio. Los militares no deberían bajo ninguna circunstancia aceptar una división de ese tipo entre venezolanos. El mismo defensor del pueblo debería jugarse entero por poner coto a esa situación. Las diferencias políticas son saludables, dentro de ciertos límites. Pero negarle la comida al opositor rompe con todos los límites de la política, de la moral y de la humanidad.