Dr. Aníbal Rueda: Todo por hacer política, no es válido

Si bien es cierto que las condiciones eran otras, a principios de los años 90, Venezuela realizó un proceso de apertura petrolera para explotar la faja petrolífera del Orinoco, y esto dado, porque no se tenían los recursos necesarios para invertir en la infraestructura necesaria para extraer el crudo nacional.

Hoy día, la situación es muy distinta a la de aquella época, y si bien es cierto, que las transnacionales que operaban en el país no cumplían con las regalías establecidas en los contratos, era responsabilidad del Estado hacer que se cumplieran las normativas económicas fijadas en los acuerdos.

El negocio petrolero en el mundo se caracteriza, por no ser muy transparente y limpio; además, porque las empresas optan por aprovecharse de las situaciones, para obtener el mayor margen de ganancias posibles de los yacimientos. Claro está, que obtener los mayores beneficios posibles es, lo que buscan todas las empresas dedicadas a la explotación y extracción petrolera; pero se exceden en muchas oportunidades, pecando de aprovechadores.

Pero, lo que no se puede dejar pasar por alto, sea responsabilidad del Estado o de las multinacionales, es que se vaya a establecer un conflicto diplomático por tratar de desviar la información.

La administración Chávez está utilizando un simple conflicto entre una empresa multinacional, (Exxon-Mobil), y el Estado venezolano, como un conflicto de Estado: entiéndase, de un país contra otro.

La distorsión mediática que existe en Venezuela es alarmante, ya que de algo sencillo como un arbitraje o posible acuerdo amistoso, como parece se va a darse entre las partes involucradas, se hace una guerra noticiosa aprovechándose, cada bando político, de la situación; siendo aún peor, porque los medios privados que están en contra de las políticas aplicadas por el Gobierno nacional, sensacionalizan con la noticia, pero los medios del Estado, que deberían informar con veracidad y transparencia al pueblo, lo que hacen es seguir el juego pautado por el Gobierno, confundiendo a la población y creando un estado de alerta innecesario y mal intencionado.

Con la entrada en vigencia del Decreto de Nacionalización Petrolera por fases, se les daba opciones a las compañías petroleras extranjeras, para que pudiesen negociar con Pdvsa, si querían operar como empresas mixtas o si deseaban ser indemnizadas, por dejar de operar en el país. De las 13 empresas que estaban trabajando en Venezuela, 11 aceptaron trabajar como socias de Pdvsa y sólo 2, se negaron y pidieron ser desagraviadas. Una de ellas, Conoco-Phillips, negocio rápidamente con Petróleos de Venezuela, mientras que la restante, la Exxon-Mobil, no estuvo satisfecha con lo que se le estaba ofreciendo por sus bienes y decidió solicitar un arbitraje, medida establecida en el proceso de apertura de los años 90, para solucionar problemas cuando las partes en conflicto, no llegaran a un acuerdo amistoso.

Este arbitraje se solicita a un tribunal no ordinario, establecido por ambas partes en conflicto; y es así, porque eso le permite, tanto al Estado como a la empresa, proteger sus propiedades y no tener que someterse a la Ley del país de origen de alguno de los agraviados.

Lo que es un simple conflicto, lo han vuelto una bandera política, confundiendo a la gente y haciendo que lo tomen a tono personal; y eso se evidencia cuando la población, que esta a favor del Gobierno, expresa que, el Imperio quiere apoderarse de los bienes del pueblo venezolano y los detractores de Chávez manifiestan, sin saber a profundidad lo que dicen, cosas como: ¡qué bueno que le quitaron esos reales!

Las voces oficiales debían pronunciarse respecto a este caso, y no se han hecho esperar, por parte del ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), Rafael Ramírez, quien en cadena nacional expresó al país, lo siguiente: “Con Exxon-Mobil tenemos claramente una situación de conflicto y de confrontación, que vamos a exponer a todos los venezolanos. Antes de informar la situación que se está presentando con esta empresa trasnacional, debemos aclarar que la figura del arbitraje fue permitida e introducida durante la época de la apertura, bajo la dirigencia política de la Cuarta República y de la vieja PDVSA que aprobó estos proyectos”.

Por otra parte, el Ministro manifestó que: “La figura del arbitraje es un hecho muy riesgoso para nuestro país, porque implica la renuncia a su jurisdicción soberana en materia judicial, para finiquitar y resolver en tribunales en el exterior, las disputas con las empresas trasnacionales”.
En cuanto a la Transnacional, el ministro Ramírez expresó que: “La Exxon-Mobil es una de las empresas petroleras internacionales más poderosas y con historiales de agresión, en contra los países productores de petróleo. En nuestro propio país, también posee historial de contradecir lo que han sido las decisiones soberanas de los distintos gobiernos, a lo largo de la historia petrolera”.

Sobre el arbitraje, Ramírez comentó que: “En primera instancia, en Nueva York, existe una acción para congelar 300 millones de dólares de nuestras cuentas, producto de la venta de petróleo que se hace en las refinerías norteamericanas, y esa acción temporalmente, está a favor de la Exxon-Mobil. Es importante señalar, que estas acciones tienen carácter temporal, mientras nuestra industria petrolera introduce sus alegatos para resolver esta situación. En eso es lo que estamos trabajando”.

“En Londres y Holanda, han intentado acciones para congelar bienes por el orden de 12 mil millones de dólares. Queremos informar al país, que Petróleos de Venezuela no tiene activos ni en Holanda ni en Londres, que ni siquiera se acercan a esos números. De manera tal, que son acciones sin efectividad sobre nuestra industria petrolera”.

El presidente de PDVSA, también mencionó que: “Existen unas medidas cautelares que se han intentado en esos tribunales, y ya nuestra industria petrolera está preparando sus alegatos para combatirlas y derrotarlas, porque, aun cuando no tengan afectación directa sobre PDVSA, entendemos que son medidas de hostigamiento”.

La Autoridad venezolana enfatizó en que: “Más allá de cualquier posición personal, aquí lo que está claro para todo el país es, que esto es un asunto que compete a todos los venezolanos. Nuestra industria petrolera es patrimonio de todos los venezolanos y es una empresa nacional, que está al servicio de los intereses de nuestro Estado y de nuestro pueblo”.

LO QUE OCURRE EN REALIDAD

Aníbal Rueda, quien fuera gobernador de Aragua, además de Rector de la UC y Magistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia, explica de manera sencilla y desde un punto de vista jurídico, cuál es la problemática real entre PDVSA y la Exxon-Mobil.

“Estamos en frente de un conflicto de intereses, donde aparentemente, se ha desvirtuado, tanto por parte del Gobierno como por la gran mayoría de la población, en el sentido de entender esto, como un conflicto de soberanía, ya que simplemente es un conflicto entre dos entes y, en este caso, el Estado venezolano y una compañía explotadora de una concesión minera. Viéndolo desde ese punto de vista, no hay choque de intereses soberanos, ya que el Estado venezolano no doblega su soberanía”.

Para el Dr. Rueda: “Donde se ha desvirtuado el problema es, donde el Gobierno hace creer a la población, que esto es una defensa del maltrato a la soberanía, y que por ende, hay que ir con todos los hierros en contra de la empresa demandante; cosa que no es así. Y, por otra parte, hay quienes piensan que esta empresa está lesionando los bienes soberanos del Estado, cosa que tampoco es así.

Objetivamente lo que ocurrió es, que el Estado venezolano, mediante su titular, que es el Presidente y por órdenes a sus ministros correspondientes, hace cesar la concesión que le había otorgado a una empresa extranjera, a un capital extranjero, como consecuencia de un contrato que había realizado Venezuela con dicha empresa. Y lo que se estila en estos casos y que debió haber ocurrido aquí es que, una vez que el Estado ejerce su voluntad de hacer cesar la concesión, debe indemnizar, no sólo por las instalaciones que deja, sino por los beneficios que va a dejar de percibir, una vez que se corta esa relación comercial. Y eso no ocurrió aquí, sino que el Ejecutivo unilateralmente, hizo cesar de sus funciones a una empresa, la cual se retiró y que posteriormente hace su reclamo ante el CIADI, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), equivalente a un tribunal, pero no es un tribunal en el sentido propio de la palabra; es un tribunal alterno equivalente a un tribunal de arbitraje.

El Dr. Rueda expresa que: “Es ilógica la postura del Gobierno, en lo referente a decir que esa medida de arbitraje es de la Cuarta República, ya que tienen que asumir todos los compromisos dejados por la administración anterior, aunado a que esto está en un decreto que tiene rango y fuerza de Ley, autorizado por un permiso que le dio el Poder Legislativo al Ejecutivo Nacional y se da entonces, el “Decreto Ley de Promoción Y Protección de Inversiones” el cual suscribe el Presidente. Esta es una medida que, por lo general, el 99,9% de los países que están en vías de desarrollo emplean, con el objetivo de captar inversionistas, lo cual se logra, garantizándoles su inversión, además de la utilidad que obtendrá, al invertir en el país y la seguridad jurídica de que va a recuperar su dinero. Y sobre eso se dicta, por el mismo presidente Chávez, un decreto de promoción y protección de inversiones; por supuesto que también se establezcan diferencias, si el inversionista es nacional o extranjero, si es una multinacional o si es una empresa que esta ligada al Estado.

Y con este decreto, no sólo se firma con la Exxon, sino con un sinfín de concesiones, no sólo en materia petrolera, sino en otras materias donde los que invierten, tienen la garantía por este decreto Ley del 99”.

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