La ley de Emolumentos, pudiese hacer más daño que bien

El pasado 12 de enero del presente año, fue publicada la Ley Orgánica de Emolumentos de Altos funcionarios del Poder Público, donde se establece que el lìmite máximo de los salarios mensuales para el Presidente de la República, diputados, magistrados y otros será de 12 salarios mínimos, lo cual hace un tope de aproximadamente 14.700 bolivares fuertes.

Ante esta ley inconsulta, ya que la misma tomó por sorpresa a la mayoría de la población, nuestra preocupación está referida a las implicaciones futuras que la misma pueda tener en el comportamiento de la sociedad venezolana. Lo primero que se le ocurre a la gente, y no sin fundamento, es ¿cuàl será la reacción de los actuales administradores públicos, los del futuro y la implicación en el sector privado? Además, un tope salarial de ese monto, con los niveles de inflación que viene arrastrando el país, luce desmotivador para un gerente probado como exitoso.

Según los analistas, lo primero que se debe evaluar, es que al fijar un tope en los ingresos de los funcionarios y además obligarlos a bajar sus sueldos, éstos tratarán de mantener su nivel a cualquier costo, por lo que puede generarse un aumento en la corrupción.

Los argumentos para tal disposición son, que la referida ley tiene como finalidad «garantizar y promover la ética socialista, así como los principios de justicia e igualdad entre las personas que prestan servicio al Estado, y que se reconozcan debidamente los distintos niveles de responsabilidades, deberes y capacidades».

En opinión de la Dra. Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, más allá del malestar, la reducción de sueldos que estipula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de Altos Funcionarios del Estado provocará otro daño colateral: un aumento de la corrupción y lamentó que la anterior Asamblea Nacional no haya debatido suficientemente el texto.

«A los magistrados del Tribunal Supremo y a los rectores del Consejo Nacional Electoral se les reducen sustancialmente sus ingresos y por ello cabría la siguiente pregunta: ¿Cómo hace alguien que tenía un nivel de vida acorde con unos ingresos X para vivir con la mitad de eso? ¿Cómo hará el presidente de PDVSA? No habría que sorprenderse porque esos y los otros afectados busquen vías para conseguir mantener sus remuneraciones», afirmó la vocera de la organización encargada de combatir los delitos contra el tesoro público.

Además, la experta indicó que el Estado no cuenta con las herramientas para prevenir la corrupción. «Si reduces los ingresos y simultáneamente los fondos que se destinan para el control, a través de la Contraloría General de la República, en la práctica son menores a los del año anterior, pues las probabilidades de más irregularidades en el manejo de los dineros públicos crecen».

Adicionó Freitas, que la discusión no debería girar entorno a los ingresos de funcionarios como los Ministros, Miembros del máximo juzgado o el Contralor, quienes llegaron a esos puestos por factores políticos, sino si los mismos justifican sus remuneraciones.

«La idea es que tiene que haber controles, rendiciones de cuenta y un sistema para medir la productividad», indicó, al tiempo que expresó su preocupación por las implicaciones que podría tener para el resto de la administración pública el instrumento.

«Me preocupan las repercusiones que podría tener la Ley en los niveles gerenciales, porque si queremos tener a los mejores funcionarios, pues ellos deben estar bien pagados», remató.

De Freitas recordó que en países como España, se adoptaron en meses recientes reducciones salariales; pero las mismas fueron explicadas suficientemente a los afectados. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero redujo en 15% los sueldos de sus ministros y en 5% el del resto de la administración pública de manera provisional y debido a la fuerte crisis que azota a Europa.

La directora de Transparencia, no obstante, saludó que en el texto se establezca la obligación de que los salarios de los funcionarios sean públicos, por considerarlo un avance en materia de lucha contra las irregularidades administrativas.

De manera que, una ley como la que estamos comentando, lejos de beneficiar a la sociedad, lo que pudiese es servir de aliento a la corrupción en mayor grado, a la que ya se sospecha que existe en la administración pública venezolana y, convertirse a la vez, en un freno para que el país sea gerenciado por los mejores. En adición, existe el temor que este instrumento se convierta en un desaliento para el mejoramiento continúo de los funcionarios públicos y para atraer a funcionarios del sector privado, que pudiesen contribuir a construir una sociedad más eficiente y productiva.

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