El Acuerdo Transpacífico, o TPP, por sus siglas en inglés, ha sido inicialmente suscrito por 12 países de la cuenca del Pacífico, los cuales han llegado a determinados consensos en materia comercial después de varios años de negociación.  En el ámbito americano los países insertos en esta negociación son Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. 

Como sucede con la mayoría de  los tratados que se suscriben a nivel internacional, éste requiere de la aprobación parlamentaria en todos y cada uno de los países firmantes para que se pueda poner en vigencia. Así que, por ahora, solo se trata de un acuerdo, o de una declaración de intenciones – en la cual concuerdan los gobiernos firmantes – pero que no tiene vigencia, efectividad ni fuerza legal alguna.

Para muchos sectores – incluso dentro de los propios países que son partes actuales de dicha negociación –  este acuerdo aparece como la expresión de los intereses del gobierno norteamericano y de las grandes empresas trasnacionales. Más aun, para muchos de aquellos críticos, cualquier acuerdo que se firme, en cualquier momento y circunstancia,  con Estados Unidos, es una expresión de subordinación a los más tenebrosos y perversos intereses del imperialismo norteamericano.

La realidad de las cosas es que el TPP es el resultado de una negociación. En una negociación cada parte trata obviamente de obtener la mejor posición posible para sus intereses nacionales. Eso es obvio. Si los intereses de todos los países que se sientan en esa mesa fueran desde un principio enteramente coincidentes ese acuerdo no necesitaría negociarse durante varios años, como sucedió con el TPP, sino que  se hubiera firmado hace mucho tiempo atrás y hubieran quedado todos felices. Como en el mundo real y concreto los intereses de las partes no son coincidentes – o incluso pueden ser inicialmente antagónicos en algunos aspectos – es que hay que negociar. En una negociación cada uno cede parte de sus aspiraciones – sobre todo aquellas que son menos trascendentes-  para poder conseguir aquello que le es realmente importante. En otras palabras, todo acuerdo comercial entre dos o más países tiene costos y beneficios para cada país participante. Al final del día, nadie está obligado a firmar o a suscribir el acuerdo resultante. Solo firma en la medida en que llega a la conclusión de que los beneficios de firmar son mayores que los costos de firmar. Si cree, después de sacar bien sus cuentas,  que los costos son muy elevados y los beneficios son muy modestos, no firma. Así de simple. Ese acuerdo se fue armando de a poco, inicialmente con pocos países, y después se fueron sumando otros. El que no estimó conveniente sumarse a esa negociación no se sumó. Y el día de mañana, el parlamento que no quiera ratificar ese acuerdo no lo ratifica. Es una cuestión de analizar el interés nacional de cada país y eso lo tiene que hacer cada parlamento. No cabe, a esta altura de los tiempos, un análisis simplón en el sentido de que los que firman el acuerdo son lacayos del imperialismo y los que no firman son países orgullosamente soberanos. Cada país defendió sus intereses, cedió en algunos puntos, se hizo fuerte en otros, estableció clausulas de protección en alguno rubros y obtuvo beneficios en otros.    

Así por ejemplo, aun cuando el espíritu general del acuerdo es liberalizar el comercio entre todos los países firmantes, México obtuvo la posibilidad de poner límites o cupos a la importaciones de ciertos rubros agropecuarios, en particular de los lácteos: en leche y crema liquidas el primer año solo entrarán libres de arancel un monto de 250 mil litros, cantidad que solo aumentará a 375 mil litros en el año 11 de vigencia del tratado. En materia de quesos solo entrarán 4.250 toneladas, que aumentarán hasta 6.500 en el decimo año de vigencia del acuerdo. En lo que respecta al azúcar, solo se permitirán importaciones en la medida que la producción se muestre insuficiente para abastecer la demanda nacional. El aceite de palma, que es un  producto importante en la oferta exportable de Malasia, solo podrá entrar a México un monto de 10 mil toneladas en los tres primeros años de vigencia del acuerdo, aumentando dicha cantidad a  12 mil toneladas después del tercer año. 

Se trata, en todos estos breves casos mencionados, de medidas proteccionistas y/o de postergación del libre comercio encaminadas a preservar condiciones de menor competitividad para ciertos productos considerados prioritarios y/o sensibles para México. Situaciones similares se plantearon por parte de cada país. Las normas de salvaguardia, consagradas  a nivel de la OMC,  para poder defender la producción nacional en caso de incremento de las importaciones con grave daño a la producción nacional, se dejaron claramente ratificadas.

En relación a la protección para los datos no divulgados de los medicamentos biológicos, que era un punto muy sensible en las negociaciones, se acordó que el período seria de 5 años, aun cuando en algunos casos y países ese período se podría alargar hasta 8 años. Se establecieron normas en materia de licitaciones gubernamentales y en materia de  legislación laboral, para evitar diversas formas de trabajo forzoso y facilitar el derecho a sindicalizarse. Hay también en el acuerdo normas relativas al acceso al comercio por internet.

El alma del acuerdo es la posibilidad de acceder, unos y otros, a un mercado ampliado, conformado por más de 800 millones de personas, y que representa un 40 % del PIB mundial. Acceder a dicho mercado en condiciones de competitividad negociada tiene características y posibilidades de ser un logro y un beneficio para los países participantes, aun cuando la competencia siempre implica  riesgos y costos.

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