“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”
Aristóteles
El gentilicio venezolano es conocido mundialmente por la calidez de su gente, su solidaridad y la capacidad de hacer de todo un chiste. No obstante, el mundo añadirá una característica más a su observación: El país que produce más leyes por año. Tenemos gran innovación en cuanto legislación laboral se refiere. Esto resulta muy beneficioso para el empleado, ya que se le ampara desde todo punto de vista.
Sin embargo, estas leyes de alguna manera tienden a ejercer una gran presión en el empresario. Esto tiene que ver específicamente con el hecho de que, si bien es cierto que es deber del patrono procurar el bienestar de sus empleados, también es cierto que existe una limitación. Toda la carga no se puede trasladar al patrono.
El Estado tiene deberes con los ciudadanos. Pero atribuye al empresario, responsabilidades y exigencias que, en la mayoría de los casos, el mismo Estado puede cumplir. Podemos citar la norma sobre Seguridad e Higiene Ocupacional, la cual busca minimizar cualquier riesgo para la integridad física del trabajador dentro de las instalaciones de la empresa. Por lo tanto, exige de ésta, un control extremo de todas las áreas de riesgo, para proporcionar esa seguridad, ya que si no cumple con esta normativa, es susceptible de ser penalizada. Esto es una acción responsable, porque un trabajador es un ser humano detrás del cual, hay una familia y esas familias conforman nuestro país.
La pregunta que cabe es la siguiente: ¿Quién responde por la integridad física del trabajador, una vez que sale de la empresa? ¿A quién se le penaliza por no garantizar la integridad física de esa persona, cuando abandona las instalaciones de la empresa en la que labora?
Esta pregunta nos la hacemos todos los días, cuando revisamos la prensa y nos enteramos de la cantidad de muertos producto de la delincuencia. Y esa pregunta surge, porque ese empleado, al dejar su lugar de trabajo, sigue siendo el mismo venezolano por el cual el Estado exige a la empresa la garantía de su bienestar.
Entonces aquí hay una incoherencia o ¿podría ser una ineficiencia?
Es digno de análisis. Todos esperamos más acciones que legislaciones dedicadas a garantizar la vida de cada hombre y mujer, que tiene la fortuna de tener un empleo, para que al día siguiente, pueda regresar a seguir en su desempeño.
Necesitamos saber a quién podemos acudir para dejar de ver cómo la vida de un trabajador tiene valor dentro una empresa y en la calle no vale nada. Y no es por falta de leyes.
¿Será falta de voluntad o exceso de desidia?
El Estado Todopoderoso persigue y castiga; pero ¿quién le sanciona su inoperancia? ¿Cuál normativa se aplica al ente encargado de proporcionar seguridad al ciudadano, que no puede pagar un escolta ni vigilancia privada?
Esperemos que los nuevos motores que regirán el desarrollo de este país, que se dirige al misterio del Socialismo del siglo XXI, contemplen una estrategia que pueda frenar esa abrumadora y terrible realidad, de tener tantos o más muertos de los que tienen países que conviven con el terrorismo y se encuentran en guerra.
Hasta una próxima entrega!
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